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La paradoja de la revocación de mandato

La paradoja de la revocación de mandato

Columnas viernes 20 de agosto de 2021 -

Los cambios en el sistema político mexicano continúan generándose a gran velocidad, ya se tuvo la oportunidad de experimentar con la consulta popular que a decir de los resultados obtenidos no despertó gran interés en la ciudadanía. En estos días surge una nueva discusión en este caso en torno a la figura de revocación de mandato, reforma que fue aprobada en el año 2019 y que en el 2022 se espera poner a prueba para evaluar la permanencia de López Obrador en la presidencia, para poder llevarse a cabo es necesario que el congreso discuta y apruebe una ley reglamentaria. En medio de este panorama por un lado es de celebrarse la incorporación de esta figura a nuestra legislación, pero, por otro lado, preocupa los fines políticos para los que se utiliza y el complejo proceso para llevarse a cabo.

Los sistemas presidenciales tienen una falla en su origen, que es la rigidez, es decir, la escasa probabilidad de destituir del cargo a un mandatario, a diferencia de los sistemas parlamentarios en donde el titular del gobierno puede dejar el cargo en cualquier momento, si el primer ministro pierde la confianza del parlamento o hay una crisis gubernamental debe de dejar de inmediato el cargo, en los sistemas presidenciales la remoción del presidente, requiere que se le someta a un juicio político o se le juzgue cuando concluya su mandato, es difícil de sancionar en cualquiera de las dos situaciones porque dicha decisión depende de las fuerzas políticas con representación en el congreso y del balance de poder que se tenga en ese momento, en muchas ocasiones estas fuerzas actúan atendiendo a sus intereses políticos y no necesariamente a favor de buscar justicia.

La revocación de mandato es un procedimiento de democracia directa promovido por ciudadanos o por las autoridades gubernamentales para consultar a la población sobre la permanencia o el retiro del cargo de una autoridad gubernamental como tal constituye un instrumento novedoso porque es la ciudadanía y no la clase política la que determina si un mandatario se debe mantener o no en el cargo. Evidentemente en una situación de crisis política el instrumento puede resultar eficaz, aunque la realidad es que pocos países en América Latina lo han introducido en sus legislaciones, además de México, Ecuador, Bolivia y Venezuela lo han incorporado en sus constituciones. La principal razón para no introducirlo es la inestabilidad que podría generar en el sistema político y el uso que las distintas fuerzas políticas le podrían dar.

La aplicación del instrumento en México tiene cierto grado de complejidad, quien lo solicita es la ciudadanía y la propuesta debe de venir acompañada por las firmas de al menos 3% de los electores inscritos en la lista nominal. Para que el resultado sea vinculante al menos debe de participar 40% de los electores inscritos en la lista nominal y para aprobar la revocación se requiere de una mayoría absoluta de votos. El momento para solicitar la revocación es después de la conclusión del tercer año de gobierno, cuando se ha cubierto la mitad del sexenio. Si se le revoca el mandato al presidente el congreso es el encargado de seleccionar al presidente sustituto que concluirá el periodo en el 2024.

El principal interesado en llevar a cabo el ejercicio de revocación que se aplicará en 2022 es el presidente y su partido, tomando en cuenta el clima político y los altos porcentajes de aprobación de los que goza el presidente, es prácticamente un hecho que quien acuda a votar lo hará para refrendar con su voto la permanencia del presidente en el cargo. Ante dicho escenario el instrumento será utilizado por el actual gobierno para movilizar a su base, el ejercicio como tal difícilmente servirá para que la ciudadanía haga una evaluación de la gestión gubernamental, todo se centrará en si se está en contra o a favor del presidente.

La incorporación del instrumento a la legislación definitivamente ayuda a fortalecer la democracia ya que le permite al ciudadano participar de manera directa en una decisión tan importante como lo es mantener o retirar del cargo a una autoridad gubernamental. El punto que resulta controversial es el fin con el que se está utilizando, no se está en medio de una crisis política que cuestione la legitimidad o la actuación del gobierno y como tal parece ser un ejercicio enfocado en enaltecer la figura presidencial hasta el 2024. Independiente del resultado, que difícilmente alcanzará el porcentaje de votación requerido, lo que generará el ejercicio es polarización, lo que es una mala noticia si lo que se busca es generar consensos; por otro lado, se pondrá en tela de juicio la utilidad de los instrumentos de democracia directa que como tal deben apropiárselos los ciudadanos y no los políticos, deben de quedar claros los fines que se buscan y generar mecanismos mucho más sencillos para llevar a la práctica este tipo de instrumentos.

Iván Arrazola. Colaborador de Integridad Ciudadana, Doctor en estudios Científico-Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO. México). Especialista en participación ciudadana, cultura de paz, democracia subnacional y gobierno abierto @ivarrcor @Integridad_AC


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