La paz en México

Las tres personas que aspiran llegar a la Presidencia de la República en nuestro país (Claudia Sheinbaum; Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez) deberán hacer un alto en el camino y analizar el escenario global delineado por las Naciones Unidas, y contrastarlo con el Plan Nacional de Paz y Seguridad (PNPS) 2018-2024 que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de su proyecto de Nación, que enmarca un esfuerzo integral para abordar las complejas dinámicas de la violencia y el conflicto armado.

Este proyecto de largo aliento, estructurado en fases, refleja la necesidad de establecer procesos de negociación y acuerdo entre las partes enfrentadas, siguiendo un modelo institucionalizado surgido en los años noventa para estandarizar las prácticas de reconstrucción postconflicto, en contextos como los de Ruanda o la ex Yugoslavia. La construcción de paz, bajo este modelo, se concibe como un proceso continuo que va más allá de la mera ausencia de conflicto armado, implicando la consolidación de acuerdos y la prevención de recaídas en la violencia. Un enfoque adicional se centra en la transformación de los conflictos, reconociendo su carácter inherente a la interacción social y la necesidad de gestionarlo de manera constructiva para promover cambios positivos.

En el contexto mexicano, la estrategia nacional de seguridad pública ha enfrentado críticas y desafíos significativos. La fragilidad institucional ha sido identificada como una de las principales causas de este fenómeno, permitiendo que grupos criminales se aprovechen del vacío de poder para expandir su influencia. Tal es el caso en Guerrero, donde grupos criminales se disputan el poder y la pertenencia de territorios que se ocupan para el cultivo, proceso y traslado de sustancias ilícitas, así como delitos de alto impacto, como la trata de personas o el secuestro.

Donde en los últimos días, ministros de culto de la Iglesia Católica han tenido que intervenir para contener la situación de violencia extrema en esta zona del país. La estrategia de persecución de líderes criminales, aunque popular, ha demostrado ser insuficiente, ya que ha llevado a la fragmentación y multiplicación de grupos delictivos.

La falta de análisis profundo de las causas subyacentes de la violencia y la corrupción ha limitado la efectividad de las políticas públicas en este ámbito. Así, el PNPS 2018-2024 busca seguir los lineamientos de las Naciones Unidas para obtener soluciones a estos graves problemas. Sin embargo, es necesario un enfoque más amplio e inclusivo que involucre a diversos actores sociales, económicos y políticos para abordar las complejidades de la violencia en México; y en este sentido, la persona que resulte electa como relevo en la “Silla Presidencial” deberá actuar en consecuencia.

En pocas palabras, deberá extender el brazo a grupos de defensores de derechos humanos; del medio ambiente; del acceso humano al agua; de madres buscadoras, de grupos de inclusión social; feministas; indígenas; y un largo etcétera, quienes cuentan con experiencia suficiente para paliar este tipo de carencias gubernamentales.

La construcción de paz en México requiere un enfoque integral que vaya más allá de medidas punitivas y se centre en la transformación social y política. Es necesario fortalecer las instituciones, abordar las causas subyacentes de la violencia y promover la participación de la sociedad en soluciones duraderas que garanticen una condición de paz en todo el territorio mexicano. *Periodista | @JoseVictor_Rdz Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 ——o0o——