La pesada carga de los institutos autónomos

Lo que molesta es que sean autónomos porque en su integración y funcionamiento tienen un componente cada vez mayor de ciudadanos independientes políticamente. Molesta su alto grado de especialización y que su integración —desde los titulares hasta el personal de estructura— son en gran medida especialistas: en telecomunicaciones, transparencia, rendición de cuenta o en materia electoral.

Al frente de los organismos especializados en materia energética, e incluso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha designado a personas cuestionadas por su preparación e independencia política. El Poder Judicial ha resentido la llegada con una lealtad claramente identificada con el actual grupo gobernante. Van por los demás porque así es la ambición por el poder absoluto.

Molesta la autonomía y la especialización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), pero sin fundamento.

Si fuera una cuestión de pesos y centavos por el presupuesto que se destina anualmente a ambos, entonces se les debería incrementar, pues hasta en eso resultan mucho más convenientes al país.

Al IFT se le asignaron mil 500 millones de presupuesto anual, pero su actuación como autoridad reguladora del sector telecomunicaciones le reportó ingresos a la Tesorería de la Federación superiores a los 21 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2020, de acuerdo con el comisionado Arturo Robles. La aportación del sector al Producto Interno Bruto pasó del 1.7 por ciento en junio de 2013 (que se creó el instituto) a 3.4 por ciento en 2020.

Si el gobierno busca fuentes de recursos para financiar sus cuestionables obras y políticas, está calculando mal sus ataques a un organismo que le entrega a las arcas federales una cantidad enorme de dinero y sin ser de su filiación política.

Pero el mayor beneficio que aporta el IFT no es a la tesorería del actual gobierno, sino a la sociedad, pues su intervención en el sector telecomunicaciones nos permitió a los usuarios de los diversos servicios de telecomunicaciones ahorros por 435 mil millones de pesos en estos poco más de siete años desde su creación como organismo autónomo, ya que los precios bajaron 27 por ciento, mientras que los servicios móviles reportaron una baja en sus costos para el usuario de 44 por ciento en ese lapso.

Tampoco gusta el Inai, no porque sea caro, pues su presupuesto es menor a mil millones de pesos, sino por sus fuertes vínculos con los ciudadanos. Contrario al discurso oficial, resulta una gran inversión si se consideran los montos de la corrupción destapada mediante más de 2 millones 200 mil solicitudes de información, sus más de 116 mil 500 resoluciones y las obligaciones de transparencia que ha fijado desde que se creó como Ifai y ahora como Inai tras la reforma constitucional de 2014.

No, no es que esos organismos autónomos sean una carga presupuestal para el pueblo, sino más bien representan una pesada carga moral y política que no pueden ni quieren sostener frente a los ciudadanos quienes plantean desaparecerlos o someterlos. Son instituciones altamente especializadas, con participación y vocación ciudadana, pero sobre todo autónomas. Y eso sí pesa.