Por Moisés Vergara
En los últimos meses hemos venido escuchado diversas voces que se han manifestado sobre la pertinencia de realizar una nueva reforma electoral, la cual no se quedaría en cambios cosméticos, pues modificaría de manera estructural el sistema electoral mexicano, empezando con las autoridades electorales.
El actual Instituto Nacional Electoral evolucionaría para crear en su lugar, un nuevo Instituto Nacional de Elecciones, el cual contaría con un Consejo General que sería su órgano superior de dirección y se integraría por nueve consejeros electorales que durarían 6 años en el cargo.
La renovación del Consejo se realizaría por mitades, cada tres años, y se establecería que ningún servidor público del nuevo INE, podría ganar más que el Presidente de la República.
El Consejero Presidente sería electo por mayoría calificada de entre los propios integrantes del Consejo General con derecho a voto y duraría tres años. La presidencia sería rotativa, pero por única ocasión sería designada por la Cámara de Diputados.
El nuevo INE se encargaría de organizar todas las elecciones a través de sus delegaciones y subdelegaciones, por lo cual desaparecerían los institutos electorales locales.
Asimismo, la fiscalización pasaría a ser competencia de la Auditoría Superior de la Federación y el Registro Nacional de Electores sería responsabilidad de la Secretaría de Gobernación.
En el ámbito jurisdiccional, el nuevo Tribunal Electoral de México sería la máxima autoridad en materia electoral y se integraría por cinco magistrados que durarían seis años en el cargo.
Al igual que el nuevo INE, la renovación del Pleno se realizaría por mitades, cada tres años, y se establecería que ningún servidor público del Tribunal podría ganar más que el Presidente de la República.
El Magistrado Presidente sería electo por mayoría calificada de entre los propios integrantes del Pleno con derecho a voto y duraría tres años. La presidencia también sería rotativa, pero por única ocasión sería designada por el Senado de la República.
Por lo que respecta a la nueva estructura, sería la siguiente: una Sala Superior, 32 Salas Estatales y una Sala Regional Especializada, por lo cual desaparecerían los tribunales locales.
En cuanto a la designación, los consejeros del Consejo General y de los consejos locales serían designados por la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios; y los magistrados de todas las Salas por el Senado de la República, también a propuesta de los grupos parlamentarios.
Otro aspecto importante de la reforma sería que los nuevos consejeros y magistrados estarían obligados a guardar estricta reserva de los asuntos que conozcan y no podrían hacer declaraciones públicas en las cuales prejuzguen sobre los asuntos de su competencia, ni en aquellos que incidan en la equidad de las elecciones.
Las propuestas sobre la mesa serán muchas y variadas, esta es solo una de ellas, pero no la pierdan de vista.
Plancha de quite: "El árbol de las leyes ha de podarse continuamente." Anatole France.