La semana nacional de transparencia, a 20 años

Columnas jueves 13 de octubre de 2022 -

Es indudable que para los ciudadanos hacer valer su derecho de acceso a la información no ha sido tarea fácil. Basta recordar los inconvenientes que tuvieron que sortear diversas organizaciones sociales como el llamado Grupo Oaxaca, integrado por periodistas y especialistas interesados en impulsar una Ley que regulara la transparencia de la información gubernamental.

Los esfuerzos rindieron sus primeros frutos y los resultados se empezaron a dar los primeros años de este siglo, entre 2002 y 2007, cuando todos los estados del país ya contaban con su ley de transparencia y con ello, garantizaban a la ciudadanía el derecho de acceso a la información.

Si bien se registraban avances significativos en la materia, surgieron nuevas complicaciones: la mayoría de las leyes describían criterios distintos de interpretación y exigían requisitos innecesarios, como, por ejemplo; acreditar ser residentes del estado del cual solicitaban la información o tener un interés legítimo que les permitiera conocerla.

En consecuencia, el 20 de julio de 2007 se concretó una nueva reforma que permitió establecer los parámetros mínimos para ejercer el derecho de acceso a la información en posesión del gobierno, esta vez de manera uniforme, pues se trataba de un derecho humano que debía ser otorgado con los mismos requisitos para todos los ciudadanos.

Esta reforma constituyó un gran paso, toda vez que se hablaba de principios y bases que de manera general rigen el derecho de acceso a la información, entre los más importantes se determinó que “toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendría acceso gratuito a la información”.

También se habló de un principio de máxima publicidad. Se estableció que la información podría ser reservada de manera temporal solo por razones de interés público y que la información gubernamental no estaría condicionada; asimismo, se implementó que debían existir mecanismos y organismos especializados que permitieran garantizar el acceso a la información gubernamental.

Y ese, querido lector, ha sido un breve resumen de cómo el derecho de acceso a la información en México ha evolucionado como una garantía constitucional que abrió breca durante cuatro largos lustros.

Derivado de ello, durante esta semana, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (El INAI), autoridad representante de los Organismos Constitucionalmente Autónomos en materia de acceso a la información, lleva a cabo la Semana Nacional de Transparencia (https://snt.inai.org.mx/), que busca mediante conferencias, dar a conocer a toda la población las prerrogativas a las que tiene derecho, así como la importancia de conocer la información en manos del gobierno, pero particularmente, permite que los ciudadanos encuentre orientación con el uso progresivo de las tecnologías de la información y su aprovechamiento.

Para ello, dentro de los espacios deliberativos a los que da vida esta celebración, se reflexiona sobre la transparencia, sus desafíos, pero también sobre el rumo que deben continuar todos los organismos garantes en el país.

En ese sentido, el INAI busca establecer acuerdos que permitan construir agendas conjuntas con los organismos locales constitucionalmente autónomos, a fin de general políticas públicas en materia de transparencia que favorezcan a la sociedad.

Es evidente que los esfuerzos por garantizar el derecho de acceso a la información han sido exitosos; sin embargo, es posible que al paso del tiempo nos encontremos con nuevos retos, por hoy, toca el turno de hacer una gran reflexión, pues los organismos a cargo de la transparencia han sido señalados desde la narrativa de la arena política de ser comparsas.

Ese estigma de la política no debe ser un obstáculo para la defensa de los derechos humanos. Razón por la cual, brindo por una década más de fortalecimiento del INAI, hoy en manos de la Comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena, y de los comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Norma Julieta del Río Venegas, Josefina Román Vergara y Adrián Alcalá Méndez, este último, con quien tuve la oportunidad de platicar directamente mis preocupaciones sobre este derecho cuando estuve en el INAI. #SNT2022 #Transparencia

María Luisa Jiménez Paoletti, Colaboradora de Integridad Ciudadana, Maestra en Derechos Humanos por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal; Licenciada en Derecho por la UNAM, con Especialidad en Protección de Datos Personales avalado por la Agencia Española de Protección de Datos. @LuisaPaoletti2 @Integridad_AC