Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que otorgó la suspensión del ‘Plan B’ de la reforma electoral, dijo que el fin es preservar el sistema democrático.
Según Laynez, como señaló en el acuerdo de la suspensión, la reforma a las leyes electorales que se propone implica la supresión de algunas áreas y recortes en el personal del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que pondría en riesgo el cumplimiento de su función.
“El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral. Como ya se dijo, el decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del propio órgano, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando”, se puede leer en el documento.
El ministró explicó que entonces es necesario aplicar la medida cautelar con el decreto impugnado.
“De no concederse la suspensión, el instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”, expone.