La ventaja de los disidentes

Por fortuna, la Constitución y las leyes de transparencia federal y locales en México protegen el anonimato bajo el cual muchos de estos funcionarios han estado pidiendo copias de documentos o informaciones que acreditan irregularidades y abusos de autoridad.

Este sector de funcionarios disidentes ha sido tradicionalmente muy activo en el ejercicio del derecho a la información y se le suele señalar como “fuego amigo”, pues las revelaciones provienen del interior de las entidades, pero tales “filtraciones” cuentan con la protección constitucional y legal.

No se trata de documentos extraídos ilegalmente, sino obtenidos en ejercicio de un derecho porque es información pública, a veces solicitada de manera anónima o con un seudónimo y otras identificándose plenamente.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el cuarto grupo de personas que más realizaron solicitudes de información entre octubre de 2018 y septiembre de 2019 fue de aquellas que dijeron trabajar en el ámbito gubernamental, independientemente de que hayan revelado o no su nombre.

En muchas ocasiones se trata de burócratas que no forman parte del mismo grupo político al que pertenece el titular de la dependencia o sus jefes, y sus solicitudes de información resultan muy efectivas porque al estar dentro de las dependencias saben con mayor detalle cómo se están haciendo las cosas y conocen con exactitud qué documentos pedir y a qué área requerirlos. Son tiros de precisión.

No siempre contactan a periodistas para hacerla pública, sino solo la presentan como denuncias ante las contralorías internas o a sus representantes sindicales para hacer una mejor defensa de sus derechos laborales.

Al margen de ideologías y convicciones políticas, muchos de esos burócratas están realmente convencidos de la importancia que tiene el servicio público, pero no tienen siempre las garantías para hacer las denuncias ante las contralorías sin sufrir represalias o ser forzados a renunciar.

Es frecuente que los altos mandos del gobierno se quejen de la filtración de información interna sobre las decisiones que toman y cómo lo hacen, muchas veces sin cumplir lo establecido en las leyes. Por ello, buscarán siempre tener el mayor control posible de la información de sus dependencias para evitar que sean conocidas sus prácticas, particularmente las que revelan sus estrategias, pero también las que demuestran irregularidades, delitos o faltas de tipo administrativo.

El acceso a la información pública es un derecho del que también pueden sacar ventaja esos servidores públicos disidentes al ejercerlo de manera legal y anónima para ventilar las irregularidades al interior de la administración pública o que les afectan en sus derechos laborales.

Al mismo tiempo el país se beneficia de la práctica del “fuego amigo” porque es posible sacar a la luz pública aquellos asuntos con un nivel de detalle o profundidad que solo quienes están dentro de las dependencias conocen.