Las armas transfronterizas: inacción y demanda

De acuerdo con datos de la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos, en números redondos, entre 2014 y 2018, se rastrearon cerca de 80 mil armas en México. De éstas, prácticamente 56 mil (el 70%) había sido manufacturadas o importadas legalmente por una persona o empresa con licencia federal en Estados Unidos, y terminaron en suelo nacional generando violencia y homicidios.

De las 56 mil armas en comento, cerca de 36 mil (64.4%) eran cortas como pistolas o revólveres, mientras que 19 mil (34.5%) eran armas largas como rifles o escopetas. La mayor parte fueron vendidas en el estado de Texas, seguido de California y Arizona. Entre los modos de operación más comunes se identificaron el tráfico por medio de partes y componentes para su ensamble en México; prestanombres que realizaban la compra en Estados Unidos para posteriormente realizar el tránsito ilegal; uso de compartimentos ocultos en vehículos particulares o de carga, así como envío a través de paqueterías.

Aunque no existen datos contundentes sobre la cifra negra del tráfico transfronterizo, autoridades mexicanas estiman que el número de armas ilegales podría ascender a las 200 mil unidades anuales. Sin embargo, el nivel de confiscación en la frontera estadounidense es sumamente bajo, ya que en el año fiscal 2015 sólo se aseguraron 490, 363 en 2016 y 251 en 2017. Una cantidad muy pobre en relación a lo que podría ser la problemática global.

Si bien Estados Unidos, y particularmente las armerías, podrían tener parte de la responsabilidad en el tráfico de armamento y la violencia que generan en México, lo cierto es que no es posible aspirar a que un gobierno extranjero asuma las responsabilidades que le corresponden a las instituciones nacionales para la reducción de la violencia. Al día de hoy, al igual que en el enfrentamiento con grupos criminales, la federación y los estados carecen de estrategias para contrarrestar esta situación.

A nivel nacional, aunque los números varían de manera importante, se confiscan entre 6 mil y 25 mil armas anuales, siendo consistentemente los estados con mayor aseguramiento Tamaulipas, Baja California, Jalisco y la Ciudad de México. En la frontera, por parte de las autoridades aduaneras mexicanas, la cifra de armas incautadas no es mayor a las 300 unidades por año. Mientras que se reconocen como los pasos fronterizos más relevantes a Nuevo Laredo, Sonoyta, Ciudad Juárez y Tijuana.

Con el mismo ahínco que el gobierno federal impulsa la demanda internacional contra las armerías, debería diseñar e implementar una estrategia en la que se identificaran los puntos de acceso terrestre, marítimo y aéreo; el establecimiento de puntos de revisión en estados y municipios donde operan grupos criminales con alto poder de fuego; la identificación de los modos de operación y las empresas relacionadas para la inhabilitación de cuentas; la identificación de intermediarios responsables de la compra-venta de armas en territorio nacional; y la corrupción en esta cadena de abasto, entre otros temas relevantes.

Mención aparte requiere la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos del año 1972 que, si bien reconoce las principales conductas ilícitas, también debe de adecuarse para contemplar las tendencias actuales. Por ejemplo, es cada vez más común que los grupos criminales produzcan su armamento, es el caso de las llamadas armas “hechizas” o “artesanales”, y también aquellas fabricadas a partir de impresoras 3-D.

La demanda que interpuso la cancillería en contra de 11 armerías de los Estados Unidos, tendrá como efecto inmediato la discusión del tema en medios de comunicación y en la sociedad. No obstante, lo más relevante serán sus efectos en el mediano y largo plazo con la resolución en tribunales. Podría tener un costo importante políticamente en la relación con Estados Unidos, aunque de ganarse podría representar uno de los mayores logros internacionales en la política de seguridad contemporánea.