Las dos caras de la moneda 

Por un lado, están las voces que estiman que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo lo que antes condenó, especialmente durante la época de Felipe Calderón, con su declaración de guerra al narco en los inicios de su gestión. En cambio, la actual administración propuso crear una especie de Policía Militar integrada por personal castrense y efectivos federales bajo un mando único y supeditado por un civil, en este caso el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo.

Así, surgió la Guardia Nacional, obviamente sin estructura, sin instalaciones ni recursos materiales, entre otras carencias, así como con muchos problemas. No obstante, para hacerla operar, se pensó en replicar un esquema militar que consolidara una nueva institución civil responsable de la seguridad pública en el país, que pese a la pandemia de coronavirus, continúa en índices altos.

El primer obstáculo a salvar era —a diferencia del esquema calderonista, que de facto se instruyó al Ejército y la Marina encargarse del combate a la delincuencia— intentar otorgar un marco regulatorio a la intervención de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad, con el propósito de que la Guardia Nacional retomara las fortalezas de las instituciones militares como como son la disciplina, el servicio de carrera y la vocación de servicio proceso que, se estima llevará cinco años.

Debido a lo anterior, el año pasado se envió al Congreso el proyecto de Acuerdo que creaba a la Guardia Nacional con un artículo quinto transitorio que regula la función policial de las Fuerzas Armadas, la cual está regulada, fiscalizada y subordinada al secretario de Seguridad Ciudadana.

El argumento que esgrimen los legisladores de Morena para defender la iniciativa presidencial, es que el apoyo que hoy brindan los militares, permitirá que la Guardia Nacional se convierta en la robusta institución civil que garantice la seguridad pública de todos los mexicanos y entonces se estima que los cuerpos castrenses volverán a los cuarteles.

Y como ejemplo de la anterior posición, se puede citar lo declarado por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, al considerar que con el Acuerdo emitido por el titular del Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no se les otorga facultades extraordinarias, sino se les regula y delimita plenamente su actuación.