*A nadie conviene la duda, debe transparentarse la cooperación y comunicación entre el gobierno y nuestro banco central.
La semana pasada el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sorprendió a propios y extraños cuando en plena mañanera anunció que el Banco de México (Banxico) había subido la tasa de interés de referencia en 50 puntos base, de 6.0 a 6.5 por ciento.El asunto es que lo hizo al menos 5 horas antes de que el propio Banxico avisara oficialmente a la sociedad en general y a los mercados financieros e inversionistas en particular sobre su decisión, facultad que se suponía exclusiva del instituto monetario.El jefe del ejecutivo ofreció disculpas horas más tarde al inaugurar la 85 Convención Bancaria, argumentando que una noche antes lo habían enterado y que pensó que era algo que ya se había dado a conocer. En esta narrativa finalmente parece que no habrá consecuencias jurídicas contra nadie, pese a que es un hecho irrefutable que se violó la ley del Banxico, así haya sido por desconocimiento, lo que también es cuestionable. Otro hecho es que con el suceso se abren por lo menos tres lecturas para el debate en torno a lo acontecido.
Primera lectura: Vulnerada la autonomía de Banxico
Quienes trataron de aprovechar el hecho para criticar el jefe del ejecutivo vieron en su "madruguete" una clara intromisión en la autonomía del Banco de México, misma que este próximo 1 de abril cumple 28 años de que le fuera otorgada precisamente para alejar cualquier decisión de índole económica en manos o criterios de políticos, a la luz de los desastrosos resultados de las décadas previas a la decisión. Razones hay para pensar eso, aunque evidentemente la crítica también llega cargada de otras intenciones, como toda oposición en cualquier país que desea "llevar agua a su molino". Argumentar que se pensaba en que ya estaba informada la sociedad deja de cualquier modo mal parado a quien se supone que es la persona mejor informada de este país.
Segunda lectura: Información y coordinación Banxico-SHCP
Una segunda lectura sugiere que existe una plena coordinación entre el gobierno federal, que como sabemos es el encargado de diseñar las políticas públicas y estrategias para fomentar el desarrollo, con el banco central, que tiene un mandato claro y único conocido por todos o cuando menos por una parte importante de la sociedad: procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. En este contexto y bajo el amparo de la ley de Banxico, que faculta para ello, se registra la asistencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las reuniones de política monetaria de Banxico, con derecho a voz, pero no a voto. Es decir, los funcionarios de la SHCP pueden opinar sobre qué es lo que consideran lo mejor para la política monetaria, pero no pueden votar para decidir el rumbo de las tasas de interés, esa es atribución única de la junta de gobierno del Banco de México. De ser así, se trata de una buena noticia para el país, aunque no deja de ser lamentable el error del jefe del ejecutivo. Sin embargo, junto a dicha lectura se cuestiona si acaso no es un riesgo, y en los hechos una intromisión en la autonomía de Banxico, la presencia de funcionarios clave de la SHCP como el propio secretario y el subsecretario de hacienda, ya que su voz puede "tirar línea" sobre algún deseo presidencial en este o en cualquier otro momento. Por lo tanto, hay voces que se inclinan por modificar la ley e impedir en todas sus letras la presencia, en las reuniones de política monetaria de Banxico, de cualquier funcionario que no pertenezca única y exclusivamente a su junta de gobierno. Ello no debería incidir en la comunicación y coordinación entre ambas instancias, es decir gobierno y banco central, ya que existe todo tipo de mecanismos para fomentarla.
Tercera lectura: Práctica cotidiana, quién sabe desde cuándo
Otra lectura consiste en el hecho de que el desliz presidencial quizás destapó lo que es y era una práctica cotidiana: informar al jefe del ejecutivo sobre lo que sucede al interior de la junta de gobierno cuando esta se reúne para decidir lo concerniente a la política monetaria. Lo anterior no tendría nada de malo, de no ser porque la ley prohíbe expresamente cualquier filtración, a menos que la propia junta de gobierno de Banxico autorice su comunicación, lo que hace pensar que es una práctica cotidiana vigente desde hace quién sabe cuánto tiempo. Dicha práctica no es difícil de imaginar: el secretario o subsecretario de hacienda acude o acuden ambos a la reunión de política monetaria de Banxico, posteriormente informan como una "cortesía" al presidente en turno. Si está "cortesía" se realiza bajo autorización expresa de la junta de gobierno del banco central, no habría problema; en cambio, si lo han hecho sin autorización, han estado violando la ley sistemáticamente y hasta ahora nos enteramos.
El suceso no es cualquier cosa, hay mucho en juego para la economía mexicana. Nadie pone en duda la intención del gobierno actual y quizás de los anteriores para lograr un mejor país, impulsar la economía y fomentar el desarrollo, en este contexto la autonomía de Banxico era un baluarte después de desastrosas decisiones económicas tomadas desde el poder político. Es por eso que debe transparentarse hasta la exageración la relación y los mecanismos de coordinación y comunicación entre Banxico y el gobierno federal, en este tema a nadie conviene la duda, menos al país.