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Las sombras de la guardería ABC

Las sombras de la guardería ABC

Columnas jueves 06 de junio de 2019 - 03:47


La tragedia de la guardería ABC, donde fallecieron 49 niños, es una sombra negra en la historia de nuestro país. Aquellos hechos marcaron el 2009 y vuelven como un bumerán.

Un incendio en una estancia infantil, el 4 de junio, en Hermosillo, Sonora, cobró la vida de los pequeños. A la efeméride hay que sumarle, esta vez, el anuncio de hechos concretos: el departamento jurídico del IMSS presentó una denuncia, ante la Fiscalía General de la Nación, contra Eduardo Bours, quien era gobernador de Sonora cuando ocurrieron los hechos, acusándolo de incumplir sus responsabilidades como titular de la protección civil en el estado.

Puede prosperar la querella, porque el contexto favorece a los quejosos. Desde hace tiempo se insistió en la necesidad de que los hechos no quedaran impunes, pero se optó por proceder contra funcionarios menores que fueron librando las imputaciones.

Al tratarse de hechos graves, la Suprema Corte ejerció la facultad de investigación, en 2010, y el ministro ponente, Arturo Zaldívar, hizo un recuento de los daños, la violación de derechos y de la enorme negligencia de las diversas autoridades, entre las que incluyó a los directivos del IMSS, Juan Molinar y Daniel Karam, y al gobernador sonorense.

Se trataba de un alegato no vinculante, pero sí con la fuerza moral que imprime un tribunal constitucional. El trabajo y las conclusiones del hoy presidente de la Corte, no encontraron mayoría en el pleno, pero quedó el registro de la enorme cantidad de errores que se cometieron para que ocurriera el percance.

Molinar murió en 2015, y cuando las llamas cubrieron a la guardería, ya fungía como secretario de Comunicaciones y Transportes. Karam, por su parte, acababa de hacerse cargo de las riendas del Seguro Social y Bours estaba en los últimos meses de su mandato.

Ahora tocará al fiscal Alejandro Gertz ponderar si existen elementos para proceder contra quien gobernó Sonora, pero la sola indagatoria puede mostrar la voluntad de llegar al esclarecimiento de los hechos y delinear políticas públicas para evitar su repetición.

Es importante alejar de cualquier cariz político sobre el tema, y concentrarlo en el esfuerzo de revertir la impunidad y de reparar el daño con el conocimiento de la verdad.

Esto es, no se debe prejuzgar de antemano, y más bien abrirse a las diversas opciones que pueden derivarse del trabajo de los fiscales. Como en tantos expedientes de nuestra vida pública, lo interesante sería cerrarlos, ponerles punto final en el entendido de que los parámetros legales fueron los adecuados y que las víctimas se encuentren satisfechas, en la medida de lo posible.

Son 10 años, mucho tiempo para seguir perdidos en un laberinto, en el que se mezclan muchos intereses y no pocos fantasmas.

•Twitter: @jandradej

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/CR

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