Garantizar la seguridad cibernética en el país debe ser un asunto prioritario que podría, incluso, considerarse de seguridad nacional, ya que en los últimos meses se han registrado, lo mismo, intrusiones ilegales en archivos militares y, en las últimas horas, en instituciones de crédito.
En este último caso, se sabe que fueron vulnerados los datos personales de 97 mil tarjetas de crédito y débito en nuestro país, mismos que han sido ofrecidos de manera gratuita en la misma red de redes, así lo reveló Ezequiel Aguiñiga Tinoco, presidente del Consejo de Administración de PSI-México
El ingeniero, especialista en temas de seguridad cibernética, detalló que los datos obtenidos de manera ilegal forman “parte de una filtración de información de más de 2 millones de tarjetas”, que ponen en riesgo millones de dólares en nuestro país.
Aguiñiga Tinoco, también investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), añadió que este tipo de eventos “deben hacer reaccionar a los integrantes del Congreso de la Unión para legislar en consecuencia y evitar este tipo de prácticas delincuenciales, además de adecuar el marco jurídico para aplicar sanciones que eviten propagar su práctica”.
De no atenderse de manera inmediata, el académico advirtió que la gobernanza en el país está vulnerable, “ya que, por ejemplo, las violaciones en los archivos militares han puesto en duda acciones de índole de seguridad que, de manera inicial, estaban destinados sólo al conocimiento superior entre el titular de las fuerzas armadas y el Presidente de la República.
El científico mexicano lamentó que el marco jurídico en nuestro país en estos tópicos –que data de 1997-- está rebasado para el nivel de actualización que en este momento tiene el ciberespacio; “por este motivo tenemos ciberataques del tamaño de Guacamaya o los famosos montadeudas, porque nuestro marco jurídico no prevé este tipo de conductas ilegales”.
El también líder de PSI-México recordó que nuestro país todavía no suscribe el Convenio de Budapest, instrumento internacional que trata de manera específica la forma de prevenir y mitigar el riesgo del ciberdelito, que entró en vigencia desde 2004.
Dicho convenio, detalló, fue aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en noviembre de 2001 en Budapest y entró en vigor el 1 de julio de 2004; “si México suscribiera dicho convenio, los legisladores podrían empalmarlo al marco jurídico nacional”, sostuvo.
En este mismo tema, el ingeniero Enrique Rodríguez Sánchez, coordinador del área de seguridad cibernética de Proyectos y Suministros Interdisciplinarios (PSI-México) advirtió que, en los últimos dos años, los ciberdelitos aumentaron 73 por ciento, con respecto a 2019.
Citó el último informe del Programa Global de Ciberdelito de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el que se determina que, 80 por ciento de ellos se dieron a través de plataformas como Facebook.
Punto Cero
BBVA México trae integrada la digitalización en su estrategia desde hace una década, por lo que no necesita crear una institución alterna, comentó Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente del Consejo de Administración y director general del grupo financiero.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
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