Legitimidad de papel

En su ya auténtico clásico de la literatura constitucional: Introducción a la Teoría del Estado, Martin Kriele sostiene que uno de los aspectos centrales para que un régimen estatal mantenga la legitimidad ante la ciudadanía es la conservación de la paz y la seguridad interna. El Estado está obligado a honrar uno de los pactos fundacionales del pueblo que permiten su existencia, y que nos enlaza con la idea del estado de naturaleza originario de la persona desarrollado por Hobbes y Locke.

En términos generales, los filósofos antes nombrados -retomados por Kriele en la obra referida- señalan que la renuncia al estado de naturaleza tiene origen, entre otras causas, en la necesidad de garantizar la seguridad y evitar la violencia como medio de supervivencia humana. Conforme a esta narrativa, el estado de naturaleza es un ambiente inseguro donde las personas pueden ser atacadas o asesinadas violentamente por otras, por ello es que llegado a un punto de evolución social los pueblos y comunidades deciden asociarse bajo la forma de un Estado como estructura jurídica y política que asume el uso exclusivo y legítimo de la fuerza para asegurar el derecho de auto-conservación humana.

Consecuentemente, una precondición esencial de la legitimidad del Estado consiste en que éste proporcione protección a la sociedad como medio para preservar los derechos de quienes la conforman. Estas aparentemente añejas y lejanas teorías están recogidas en nuestra Constitución, cuyo artículo 21 establece que la seguridad pública es una función del Estado mexicano con la finalidad de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir al orden público y la paz social. Sin embargo, de 2007 a la fecha este principio de legitimidad del Estado mexicano no es más que papel mojado, y como botón de muestra basta revisar lo que va de este 2023 en materia de seguridad.

Al volver la vista atrás encontramos a los 8 periodistas asesinados al mes de septiembre de este año; la desaparación de los 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco; el asesinato de 6 de los 7 desaparecidos en Zacatecas; las imágenes de la agresión física a un joven trabajador de un Subway en San Luis Potosí; el asesinato de un custodio de seguridad privada por evitar el robo a un transporte de carga de teléfonos inteligentes tras su salida de las aduanas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México; así como el homicido de un ciudadano indio mientras conducía sobre el Viaducto Miguel Alemán después de salir de una casa de cambio del propio Aeropuerto.

Quedan ahí retratados los asaltos masivos en nuestras carreteras con más de 13 mil de 2020 a la fecha, los cuales se concentraron en el Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Morelos y Puebla; el aumento del 9.2% y 4.3% en el robo a casa habitación en la Ciudad de México y el Estado de México, respectivamente; así como el caso de un empresario quien fue llevado de un antro en Polanco a un bar en Naucalpan, en donde según fuentes oficiales le fue suministrada en su bebida una sustancia que la produjo la muerte por asfixia.

Más allá de discursos políticos de distintos colores e ideologías, mientras el artículo 21 constitucional no sea una realidad y se garantice como principio y derecho humano la seguridad de las personas, no existirá transformación alguna. La legitimidad del Estado mexicano es hoy de papel.