Legitimidad y legalidad de las elecciones

Este tipo de votación reconocido como posibilidad excepcional tomó desprevenidas a las autoridades electorales, quienes pasadas más de 24 horas de que los centros de votación habían cerrado, seguían contando los votos recibidos bajo esa modalidad.

Sabedores del resultado favorable del voto anticipado en estados como Mícihigan y Pensilvania, el equipo de campaña de Biden pidió al candidato dar 2 mensajes. El primero, la noche del propio 3 de noviembre y, el segundo, el 4 siguiente. En esencia, Biden pidió paciencia y aseguró con una certeza inusual en un candidato -salvo cuando se tienen datos duros serios- que ganaría la elección presidencial y que lo haría, además, con autoridad y suficiencia.

Por su parte, desesperado por el resultado el presidente Trump, con su estilo populista, demagogo y antidemocrático, a través de su cuenta de Twitter comenzó a descalificar la elección, diciendo que los demócratas la estaban robando, que había fraude y acudiría a demandas judiciales para solicitar la suspensión en el conteo de los votos anticipados que llegaron por vía postal en diversos estados, así como el recuento en otros. Trump sostuvo que escalaría judicialmente el conflicto si es que la elección no le favorece.

Estos escenarios son los que nos permiten analizar los problemas más relevantes que nos presenta el derecho constitucional en tiempo real.

Legitimidad y legalidad son 2 principios constitucionales que ofrecen el traje que tiene que ponerse toda elección para ser válida. El primero, se refiere a que las autoridades solamente serán legítimas cuando efectivamente su designación tenga como base la mayor cantidad de apoyo o respaldo electoral reflejado en las urnas. Por su parte, la legalidad está relacionada con el cumplimiento estricto de las reglas del procedimiento para la elección.

Un error frecuente es hablar de que una elección puede ser legal, aunque no sea legítima. Esa idea es incorrecta porque todo control de legalidad de una elección tiene como finalidad que, a través de la revisión del cumplimiento de las reglas del proceso electivo, se garantice y asegure que la persona declarada como ganadora, efectivamente, es quien obtuvo la mayor voluntad expresada electoralmente, dicho en otras palabras, la legalidad garantiza la legitimidad.

Mientras el procedimiento electoral siga abierto, constitucionalmente no puede hablarse de ilegitimidad de la elección como alega Trump, pues para ello es necesario revisar si la recepción y conteo del voto anticipado se realizó conforme a las reglas que cada ley estatal prevé, pues solamente si se violaran esas reglas podríamos estar ante una ilegalidad y, entonces, ante una ilegitimidad.

Lo demás que se diga, es demagogia.