Libertad anticipada y contrastes en el sistema penitenciario

Columnas miércoles 15 de septiembre de 2021 -

Josué Ángel González Torres*

El día de ayer el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer que se concretará la libertad anticipada de 681 presos federales. Además, se tienen otros 4 mil 200 expedientes que ya están identificados y que también podrían obtener su libertad pronto. La mayor parte de estas personas que se beneficiarían son en los estados de Chiapas con 198, Durango con 100 y Baja California con 63.

Añadió que se instaló un comité permanente para dar seguimiento mensual a las solicitudes de liberación anticipada, el cual está integrado por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad federal, y cuyo propósito consiste en realizar las gestiones pertinentes ante el Poder Judicial de la Federación para concretar el mayor número de liberaciones posible.

Entre las razones para la libertad anticipada, se encuentran presos sin sentencia o acusados injustamente, personas mayores a 70 años, víctimas de tortura de acuerdo con el Protocolo de Estambul, indígenas que en su momento no tuvieron una defensa adecuada y personas que llevan más de dos años en prisión preventiva o sin sentencia.

Se trata un esfuerzo interesante desde el Ejecutivo y de justicia para muchos hombres y mujeres que han perdido su libertad injustamente o que se han violado sus Derechos Humanos. Sin embargo, hay que establecer en sus justas dimensiones el impacto de la presente medida.

De acuerdo con los informes de estadística penitenciaria de la Secretaría de Seguridad federal, en julio de 2021, se tienen en funcionamiento 288 centros penitenciarios (únicamente 15 federales), que albergan casi 221 mil personas privadas de su libertad. De este total, el 42% no cuenta con una sentencia para estar recluido, dato absolutamente trascendental. Y, por cierto, una cifra de 681 personas con libertad anticipada es de muy bajo impacto, aunque aceptable para un inicio.

Es importante señalar que la situación de los centros penitenciarios federales y estatales es radicalmente distinta, incluso entre entidades federativas la situación varía de manera notable. Existen casos como Baja California Sur con una población poco mayor a los mil internos, en contraste con el Estado de México que cuenta con más de 33 mil privados de su libertad o la CDMX con más de 26 mil.

Bajo estos mismos contrastes, existen centros federales como el CEFERESO No. 7 con ubicación en Durango y el CEFERESO No. 7 en Sinaloa, con una población menor de 300 internos, por lo que incluso podrían estar en riesgo de cerrar operaciones. Mientras que existen casos como el Centro Penitenciario de Chalco con casi 3,600 reos o más de 500% de sobrepoblación, o el Centro Penitenciario de Tlalnepantla que alberga más de 4 mil internos, con una sobrepoblación casi del 400%.

Tanto a nivel estatal como a nivel federal, las incidencias que continúan sucediendo de manera reiterada son las riñas, decesos, agresiones y motines. Muchos centros carecen de la infraestructura básica y de los insumos para su buen funcionamiento, imperan temas relacionados con falta de higiene, poco acceso a la salud, autogobierno y hacinamiento. En otras palabras están en el abandono y es necesario traer a la luz la discusión para su mejoramiento.

La situación general de las cárceles es que es muy difícil encontrar programas de reinserción social exitosos y el artículo 18 constitucional es letra muerta. Como corolario, aunque la libertad anticipada va a beneficiar a muchas personas, se necesita un acercamiento mucho más integral, especialmente en los estados.

Otra vez, impera el discurso político y el espectáculo mediático, antes que la discusión de fondo y la toma de decisiones trascendentales. Falta mucho interés real en los sistemas penitenciarios del país desde el gobierno central.

* Doctorante en ciencia política por la UNAM y fundador de la Consultoría SIE. Twitter: @jgt_00