Libertad de expresión, pilar en riesgo

Columnas miércoles 16 de agosto de 2023 -

Es preocupante la tentativa de coartar la libertad de expresión del presidente López Obrador. La relevancia de su conferencia matutina diaria, como un espacio de comunicación directa con la sociedad es indiscutible, representa un ejercicio de gobernanza pública que fortalece la participación ciudadana y fomenta la apertura informativa.

Sin embargo, el intento de limitar esta plataforma, bajo la premisa de "violencia política de género", plantea interrogantes acerca de los fundamentos de dicha acusación y el propósito político detrás de ella. La libertad de expresión es un derecho humano esencial, arraigado en la Constitución y en acuerdos internacionales, y su restricción sólo puede considerarse como un obstáculo al debate democrático y al acceso a la información.

Las habituales conferencias de prensa no solo brindan un panorama de las acciones gubernamentales, sino que también se han convertido en un medio de alcance masivo gracias a las redes sociales, impactan directamente a millones de ciudadanos. En una sociedad cada vez más conectada, limitar su contenido, es limitar la participación ciudadana y la oportunidad de evaluar de manera informada la gestión de gobierno.

Es esencial reconocer que la tolerancia hacia las opiniones expresadas en este ejercicio democrático es un componente fundamental de la libertad de expresión. Restringir su contenido no solo afectaría la imagen del Presidente, sino que debilitaría el debate público en una sociedad democrática. La prensa y los medios de comunicación tienen el deber de preguntar y criticar, y el gobierno tiene la responsabilidad de mantenerse abierto al escrutinio.

La libertad de expresión y de prensa son pilares de una sociedad justa y transparente, y su protección es fundamental para consolidar un Estado democrático. Limitar el discurso del jefe del Ejecutivo federal no solo pondría en riesgo su derecho, sino que también obstaculizaría el deber de los ciudadanos de conocer y evaluar las acciones gubernamentales.

Es momento de recordar que, la democracia no solo se sustenta con el voto ciudadano, sino en el acceso a la información y en la capacidad de debatir y cuestionar. La sociedad mexicana merece un espacio de diálogo abierto, donde voces diversas puedan obtener garantía de expresarse sin temor a represalias. Limitarla, en cualquiera de sus formas, sería un grave retroceso en la construcción de un país que aspire a ser plenamente democrático y respetuoso de los derechos humanos.

Punto Cero

Llama la atención al interior del Poder Judicial de la Federación, la actuación de María Ozana Salazar Pérez y Omar Cortezano González, empleados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debido a los indicios de que, junto con autoridades del IPN, perjudican a empresas que denuncian corrupción. Firmas que proveen servicios al gobierno federal se resisten a prácticas abusivas y deshonestas. Esto ejemplifica el problema de corrupción en el sistema judicial y administrativo mencionado por el presidente López Obrador. También afecta la imagen de la titular de la SEP, Leticia Ramírez, cuya jurisdicción está el IPN.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz