Claudia Bolaños
La diputada federal Elizabeth Martínez Álvarez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, planteó la necesidad de construir un marco jurídico que garantice la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes, sin limitar la libertad de expresión ni el desarrollo tecnológico.
Durante su participación en el conversatorio “Libertad y Plataformas Digitales: Hacia un Marco Regulatorio Responsable”, realizado en la Universidad Panamericana, la legisladora señaló que la revolución digital ha transformado la forma en que las personas se comunican, aprenden y participan en la vida pública, lo que obliga al Estado a generar equilibrios entre la innovación tecnológica, la protección de derechos y la atención a los sectores más vulnerables.
Explicó que el incremento del uso de redes sociales entre menores de edad ha generado nuevos riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenidos nocivos, la manipulación de información, la explotación digital y el contacto con redes delictivas, por lo que se requieren respuestas institucionales coordinadas.
Martínez Álvarez informó que la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia analiza actualmente quince iniciativas legislativas relacionadas con el uso de redes sociales, la seguridad digital y la protección de menores en entornos tecnológicos. Estas propuestas buscan fortalecer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer principios y bases que garanticen su protección en el entorno digital.
Indicó que reconocer jurídicamente el derecho de la niñez a la protección en el espacio digital permitirá sentar bases normativas que posteriormente deberán articularse con otras legislaciones en materia de telecomunicaciones, protección de datos personales, consumo digital y responsabilidad penal.
La legisladora subrayó que la regulación del ecosistema digital requiere diálogo permanente entre autoridades, academia, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil, además de la participación de familias y escuelas en la protección de la niñez frente a los riesgos del entorno digital.