La organización del estado a través de la toma de decisiones políticas fundamentales, constituye un sistema político.
Dentro de los modelos existentes en el mundo moderno, el sistema político democrático es el que goza de mayor aceptación. Casi todos los países en la actualidad, aspiran a consolidarse como estados democráticos de derecho, con sus propias características particulares.
El modelo de un sistema político democrático tiene, entre algunos de sus componentes: la división de poderes, la independencia judicial, la protección de los derechos humanos, la celebración de elecciones periódicas, libres y auténticas, que permitan la alternancia en la conducción de los cargos públicos y respeten la voluntad ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas, y la mayor participación política de las mujeres en la vida pública. Estos constituyen en sí mismos, algunos de los principales principios democráticos de los estados nación modernos en la época de la globalización.
Cada sistema político tiene a su vez, subsistemas que lo integran y lo determinan, como son: el subsistema constitucional, el subsistema electoral y el subsistema de partidos.
De acuerdo con "la Teoría del Rombo" de Miguel Covián Andrade, el poder público en un sistema político democrático se encuentra sujeto a dos controles: el de legalidad y el de legitimidad. Estos dos controles operan en tres momentos distintos: el origen del poder, su ejercicio, y sus fines.
De esta forma, el subsistema constitucional establece los principios y reglas legales para el origen del poder público, al regular, a través de las normas del sistema electoral, las instituciones y procedimientos electorales, y al sistema de partidos (Artículo 41 de la constitución mexicana). Asimismo, se regula en la constitución el mandato otorgado a los órganos públicos para el ejercicio del poder, y los fines del mismo (que serían algo así como el "objeto social" del estado mexicano: el orden, la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar general).
El sistema constitucional contiene la regulación del sistema de control de legalidad del poder público en sus 3 momentos.
Pero también aparece la necesidad de verificar la existencia de un "control de legitimidad" en el poder del estado, que se presenta a través de la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general.
Al votar en las elecciones, los ciudadanos legitimamos el origen del poder. Al hacerlo en consultas populares y otros mecanismos como el plebiscito o el referéndum, podemos legitimar algunas de las decisiones tomadas en el ejercicio del poder, por las autoridades democráticamente electas. Y, por último, los fines del poder se deben destinar directamente al bienestar de las personas.
Flor de loto: El artículo 39 de la constitución mexicana señala que: "todo poder público se instituye para beneficio del pueblo, y dimana de éste."