Columnas
El año 2025 se perfila como un periodo crucial para la economía mexicana. La Cámara de Diputados se prepara para discutir y aprobar tres instrumentos financieros de vital importancia: la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación, y una ambiciosa reforma fiscal. Estas iniciativas tienen el potencial de redefinir el panorama económico del país, pero también presentan riesgos significativos que deben ser considerados con detenimiento.
La Ley de Ingresos de la Federación es la herramienta que define cómo el gobierno planea recaudar los fondos necesarios para sus operaciones. Para 2025, la propuesta incluye estimaciones optimistas sobre el crecimiento económico y la recaudación tributaria. Sin embargo, estos supuestos podrían resultar demasiado optimistas.
Uno de los principales riesgos es la sobreestimación del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), puesto que Hacienda plantea que dicho crecimiento estaría entre el 2 y 3 por ciento, cuando los peritos en la materia proyectan únicamente el 1 por ciento. Si la economía no crece al ritmo previsto, los ingresos fiscales serán menores a lo proyectado, generando un déficit que podría obligar al gobierno a recortar gastos o aumentar la deuda pública. Además, el incremento en la recaudación fiscal basado en una mayor eficiencia y combatiendo la evasión fiscal puede no ser suficiente para compensar las brechas de ingresos si el crecimiento económico no se materializa como se espera.
El Presupuesto de Egresos de la Federación establece cómo se distribuirán los recursos públicos. Para 2025, se anticipan aumentos significativos en el gasto social, especialmente en programas de bienestar y subsidios. Aunque estos aumentos son esenciales para apoyar a los sectores más vulnerables, también presentan peligros si no se manejan con prudencia.
El riesgo principal radica en la sostenibilidad fiscal. El incremento en el gasto social sin un aumento correspondiente en los ingresos podría llevar a un endeudamiento excesivo. Además, la concentración de recursos en programas sociales puede desatender áreas críticas como la infraestructura y la inversión en capital humano, que son esenciales para el crecimiento económico a largo plazo.
Otro peligro es la posible politización del gasto público. En un año preelectoral (en 2025 tendremos por primera vez la elección de jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros), existe la tentación de utilizar los recursos públicos para ganar apoyo electoral, lo que podría resultar en una asignación ineficiente de los fondos y en una disminución de la confianza en las instituciones públicas.
La futura reforma fiscal es quizás el componente más polémico y de mayor impacto de las tres iniciativas. Se espera que esta reforma incluya cambios en el sistema tributario, con el objetivo de aumentar la recaudación y mejorar la equidad fiscal. No obstante, los riesgos asociados con esta reforma son numerosos y complejos.
Primero, la implementación de una reforma fiscal de gran envergadura puede generar incertidumbre en el sector empresarial y entre los contribuyentes. La falta de claridad sobre los cambios y sus efectos podría ralentizar la inversión y el crecimiento económico en el corto plazo. Las empresas podrían posponer decisiones de inversión hasta tener una mejor comprensión del nuevo marco fiscal, lo que afectaría negativamente la creación de empleos y el dinamismo económico.
Segundo, existe el riesgo de una carga tributaria excesiva sobre ciertos sectores de la economía. Si la reforma no se diseña con cuidado, podría desincentivar la inversión y la actividad económica en áreas clave, exacerbando las desigualdades y afectando la competitividad del país en el mercado global.
Finalmente, la complejidad administrativa y los costos de cumplimiento de una nueva normativa fiscal podrían ser significativos. Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), en particular, podrían enfrentar desafíos para adaptarse a los nuevos requisitos, lo que podría llevar a un aumento en la informalidad y una disminución en la base tributaria efectiva.
La Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la reforma fiscal para 2025 representan pilares fundamentales para la economía mexicana. Sin embargo, los riesgos asociados con estas iniciativas no deben subestimarse. Proyecciones de ingresos demasiado optimistas, una asignación de gasto que podría no ser sostenible, y una reforma fiscal que podría generar incertidumbre y desincentivar la inversión son preocupaciones que deben ser abordadas con seriedad.
Es esencial que los legisladores consideren estos riesgos al debatir y aprobar estas propuestas. Un enfoque equilibrado y prudente, que combine el apoyo necesario para los sectores más vulnerables con una gestión fiscal responsable y una reforma fiscal que fomente el crecimiento y la equidad, será crucial para asegurar la estabilidad económica y el bienestar de México en los años venideros.