Medios y elecciones: una prospectiva

En un informe sobre la implementación de la reforma electoral elaborado por el IFE (llamado Libro Blanco) publicado en febrero de 2010, el órgano electoral concluyó que merced al MCPE se había evitado la tradicional e inercial transferencia de casi 3mil millones de pesos por concepto de pagos de propaganda electoral de los partidos a las televisoras y, correlativamente, el monto de financiamiento público destinado a los partidos políticos en 2009 había descendido un 45.4% en términos reales. Además, que las herramientas constitucionales habían satisfecho los objetivos vitales ponderados en su concepción: la equidad en el acceso a los medios de comunicación masiva y la reducción del dinero público destinado a mantener el sistema de competencia. Finalmente, que el modelo había funcionado correctamente pues el cumplimiento de las reglas había prevalecido y el incumplimiento había sido marginal.

Con todo, el MCPE ha resultado resiliente y funcional porque le subyacen principios y fines de justicia electoral en su sentido más amplio y su creación obedece a orientaciones filosóficas de piso y cancha parejos que enriquecen la lucha democrática dentro de la Constitución, según la cual los actores económicos tienen la intervención legítima que les marca la Ley, pero nada más, pues no se les permite ni alterar el flujo o la intensidad de la campaña o de la participación ciudadana, ni obligar a resultados diferentes a los que arrojan las preferencias de las y los electores.

En esta quinta entrega de la serie sobre el MCPE, hay que resaltar que quizá sea momento de repensarlo, pues presenta, como ya lo he señalado en estas mismas páginas, áreas de oportunidad en materia de control de convencionalidad, interpretación conforme y principio pro persona tratándose del derecho a la libre expresión y a la participación política.

Un buen punto de partida podría residir en la resolución que, en su momento, recaiga a la controversia constitucional interpuesta recientemente por el INE ante la Suprema Corte contra el decreto presidencial que modifica el modelo. En este empeño, quizá convenga releer a Javier Esteinou que, al menos desde 2013, propone abrir el MCPE para transitar hacia un Modelo Ciudadano de Comunicación Electoral, en el que se cuente con tiempos específicos en radio y TV para la participación directa de la sociedad civil organizada y no solo de partidos, candidaturas y autoridades electorales, como es ahora. Es una propuesta interesante que hay que reconsiderar. La analizaré posteriormente.