México tiene una de las herramientas tecnológicas más envidiables para hacer del acceso a la información pública un derecho que se ejerza profusamente. Se trata de la Plataforma Nacional de Tranparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx) que el año pasado alcanzó una cantidad de registros de datos apenas dimensionable: más de 3 mil 903 millones, según el Informe de Labores del INAI-2020.
Esos datos conforman la información generada todos los días por los casi ocho mil sujetos obligados al cumplimiento de las leyes de transparencia del país. Son sujetos obligados todas aquellas instancias federales, estatales y muncipales, tanto de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como de los organismos autónomos, los partidos políticos, sindicatos y fondos y fideicomisos públicos.
Al cumplir con sus funciones, cotidianamente esas dependencias públicas generan documentos (en papel, digitales, sonoros, gráficos o de otra índole) que contienen información útil para la sociedad, y por mandato constitucional y de las leyes de transparencia esa información es pública, accesible mediante consultas a portales de transparencia o por solicitudes de acceso.
Esa apertura informativa ha sido resultado de diversas reformas constitucionales, particularmente la de febrero de 2014, así como de la expedición de nuevas leyes de transparencia a nivel nacional y local desde 2015. La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es una de las apuestas más ambiciosas que se han impulsado en los últimos años, para facilitar a los ciudadanos el acceso a esos miles de millones de datos que genera la administración pública nacional, así como ayudar a las mismas instancias de gobierno a informar a la gente de sus actividades, dando con ello prueba del cumplimiento de sus obligaciones y facultades.
Pero esa apuesta no acaba de tener un resultado favorable para el derecho de acceso a la información, porque todavía son muy escasos los ciudadanos que conocen y usan la PNT, a pesar de que en ella se encuentra un módulo que contiene todos esos millones de registros, el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), y que para simplificar su identificación se le ha llamado “Información pública” en la página de la plataforma.
La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID 2019) del INEGI, arrojó que solo el 2.1% utuliza la PNT para obtener información del gobierno, aunque el 25.75% identifica los portales de transparencia gubernamentales como el medio para allegarse de información. El SIPOT concentra todos los portales de transparencia de los casi ocho mil sujetos obligados del país, es decir, toda la información en un solo lugar; sin embargo, casi nadie lo utiliza.
El 35.7% de la población busca información en las páginas de internet gubernamentales (no específicamente en el portal de transparencia) y antes que buscar en la plataforma prefieren acudir personalmente a las oficinas (11.2%). Hacer una solicitud de información (que también se puede hacer a través de la plataforma) solo fue opción para un marginal 0.5% de la población.
Los esfuerzos de divulgación y vinculación con la sociedad realizados por los institutos de transparencia son importantes, pero todavía estamos lejos de lograr posicionar estrategias y herramientas como la PNT como los medios idóneos, para atender una necesidad que tiene la gente de allegarse cotidianamente de la información que generan las miles de instancias públicas federales, estatales y municipales.