Claudia Bolaños
La diputada de Morena, Alma Laura Ruiz López, presentó una iniciativa para reformar los artículos 15 y 16 del Código Penal Federal, con el objetivo de reconocer la legítima defensa en contextos de violencia de género y evitar que mujeres sean castigadas por proteger su vida.
Durante su intervención en tribuna en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora señaló que la propuesta busca corregir fallas estructurales en el sistema de justicia que han llevado a criminalizar a mujeres que actúan en situaciones extremas de violencia.
Como ejemplo, expuso el caso de Alina Mariel Narciso, una mujer policía que fue condenada a 45 años de prisión tras defenderse de una agresión por parte de su pareja, quien intentó privarla de la vida.
Indicó que, aunque posteriormente se reconoció que actuó en legítima defensa, el daño ya estaba hecho.
La iniciativa plantea incorporar al marco federal criterios similares a la llamada “Ley Alina”, aprobada en Baja California, la cual establece la obligación de juzgar con perspectiva de género en casos de violencia contra las mujeres. En ese sentido, se busca que se presuma la legítima defensa cuando una mujer actúe bajo condiciones de miedo, terror o confusión para proteger su integridad o su vida.
Ruiz López subrayó que la reforma también obligaría a jueces y autoridades ministeriales a considerar el contexto de violencia al momento de emitir resoluciones, evitando interpretaciones que penalicen a las víctimas.
En tribuna, la diputada mencionó otros casos como los de Yakiri Rubio y Roxana Ruiz, quienes enfrentaron procesos judiciales tras defenderse de agresiones, y que posteriormente lograron revertir sus sentencias. También hizo referencia a mujeres que aún enfrentan procesos penales en condiciones similares.
La legisladora sostuvo que, aunque la legítima defensa ya está contemplada en la ley, en la práctica persisten criterios que invisibilizan la violencia de género y terminan por castigar a quienes actúan para sobrevivir, por lo que consideró urgente armonizar el marco legal con los principios constitucionales y los tratados internacionales en la materia.