Muerte digna: el debate que México ya no puede posponer

Columnas martes 23 de junio de 2026 -

Durante años, el debate sobre la eutanasia en México permaneció atrapado entre prejuicios, temores y posiciones irreconciliables. Sin embargo, en los últimos días ocurrió algo que podría marcar un antes y un después en la discusión nacional: la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer un amparo que cuestiona la constitucionalidad de la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido. No se trata aún de una legalización, ni de una sentencia definitiva, pero sí de una señal inequívoca de que el tema ha alcanzado relevancia constitucional.

La pregunta de fondo es tan compleja como profundamente humana: ¿puede el Estado obligar a una persona que enfrenta una enfermedad irreversible y un sufrimiento insoportable a continuar viviendo contra su voluntad?

México ha avanzado parcialmente en este terreno. Existen mecanismos de voluntad anticipada y se reconocen los cuidados paliativos como parte del derecho a la salud. Sin embargo, la legislación federal continúa prohibiendo expresamente la eutanasia y cualquier forma de asistencia médica para adelantar la muerte, incluso cuando la decisión proviene de una persona plenamente consciente, informada y en condiciones extremas de sufrimiento.

Durante mucho tiempo el debate se planteó como una confrontación entre quienes defienden la vida y quienes defienden la muerte. Pero esa dicotomía es falsa. Nadie está promoviendo la muerte. Lo que está en discusión es la dignidad con la que una persona puede enfrentar el final de su existencia.

La medicina moderna ha logrado prolongar la vida como nunca antes en la historia. Paradójicamente, también ha generado escenarios en los que es posible prolongar el sufrimiento durante meses o incluso años. La pregunta ética ya no es únicamente cuánto puede vivir una persona, sino cómo vive sus últimos días y quién debe tener la última palabra sobre ellos.

La activista Samara Martínez, impulsora de la llamada Ley Trasciende, ha contribuido a colocar este tema en la conversación pública desde una experiencia personal de enfermedad terminal. Su planteamiento no gira en torno a la muerte, sino a la libertad de decidir cuando el dolor ha rebasado todos los límites razonables y la medicina ya no ofrece alternativas de recuperación.

Desde una perspectiva constitucional, el debate resulta inevitable. La Suprema Corte ha construido en las últimas décadas una amplia doctrina sobre autonomía personal, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana. Bajo esa lógica, muchos juristas se preguntan si el derecho a decidir sobre el propio proyecto de vida incluye también la posibilidad de decidir sobre el propio proceso de muerte en circunstancias excepcionales.

Por supuesto, cualquier regulación requeriría salvaguardas estrictas. Nadie propone decisiones impulsivas o sin controles. La experiencia internacional demuestra que es posible establecer procedimientos rigurosos, evaluaciones médicas independientes, supervisión institucional y garantías para evitar abusos. Países como España, Canadá, Bélgica o los Países Bajos han construido marcos normativos que buscan equilibrar la protección de la vida con el respeto a la autonomía individual.

La verdadera discusión no es si todos elegiríamos ese camino. La verdadera discusión es si una sociedad democrática puede negar esa posibilidad a quienes, enfrentando sufrimientos insoportables e irreversibles, consideran que su dignidad exige una decisión distinta.

La Corte tiene ahora la oportunidad de abrir una conversación nacional madura, libre de dogmas y centrada en los derechos humanos. Porque hablar de muerte digna no significa renunciar al valor de la vida. Significa reconocer que la dignidad humana no debería abandonarnos precisamente en el momento en que más la necesitamos.

México puede seguir posponiendo esta discusión. Pero tarde o temprano tendrá que responder una pregunta fundamental: ¿a quién pertenece el último capítulo de nuestra vida, al Estado o a nosotros mismos?

Esta versión está pensada para un medio de opinión legislativa: jurídica, reflexiva y sin adoptar una postura militante. Si la quieres para que la firme el senador Emmanuel Reyes Carmona, puedo darle un tono más parlamentario, incorporando referencias al artículo 1º constitucional, autonomía de la voluntad, derecho a la salud y el papel del Congreso frente a la decisión que eventualmente tome la SCJN.