No hay empleo o el costo de no crecer

Esta tasa, que en otras condiciones debería ser motivo de alegría dado que es muy baja, en México es total, absoluta, e irremediablemente intrascendente. Es así porque, de acuerdo con la propia metodología del Instituto, una persona desocupada es aquella que “no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición por hacerlo e hizo alguna actividad por obtenerlo”; dicho de otra manera, aquí sí están los becarios por los que siempre pregunta el Presidente cuando se dan los datos del IMSS ya que, aunque técnicamente no trabajan, sí reciben un ingreso y eso es suficiente para que se los considere como ocupados (que no empleados).

De esta manera, en la población ocupada dentro de los parámetros de la encuesta del INEGI entran lo mismo empleados formales (con prestaciones de Ley), aquellos que se contratan sin beneficios de ley, el trabajo doméstico remunerado que aun no se acoge al esquema de seguridad social, el trabajo en el campo que no tiene ningún tipo de protección, quienes laboran en el sector informal (negocios sin sistema contable y que no pagan impuestos) y prácticamente cualquiera a quien le den una propina, un “domingo” o, en este México de la cada vez más desdibujada 4T, una beca.

En mi opinión, el indicador más relevante de esta encuesta es, precisamente, el de la tasa de informalidad laboral y que, con una reducción marginal respecto al 2018 de -0.4%, se quedó para 2019 en 56.2% lo que equivale a algo así como 31.3 millones de mexicanos. Es decir, entre trabajo doméstico remunerado, trabajadores del campo, profesionistas independientes, empleados y quienes trabajan en el sector informal, una cuarta parte de la población total del país no tiene acceso a las prestaciones de Ley ni a la seguridad social.

En un país con las desigualdades y la falta de movilidad social que caracterizan a México este porcentaje es muy alto y muy grave, ya que una de las muy pocas acciones que le permiten a una familia acceder de manera casi inmediata a los ingresos y a buena parte de los satisfactores necesarios para superar condiciones de vulnerabilidad y pobreza es, precisamente, acceder a un empleo bien pagado y con los beneficios de Ley. Por el contrario, quienes no están en el sector formal no sólo no se benefician de aumentos en el salario, como los que recientemente se dieron, sino que viven con el riesgo permanente de que un accidente menor o una enfermedad los pueda depauperar o, en su defecto, el de llegar a una edad en la que ya no puedan valerse por sí mismos en el más total de los desamparos.

Curiosamente, el país no cuenta con un indicador que mida, de manera especifica, el empleo formal. En su lugar, y a manera de proxy, se utiliza el balance de altas y bajas del IMSS que, aunque deja fuera a muchos servidors públicos, universitarios y todos aquellos empleos con otros esquemas de seguridad social, es lo que mejor refleja el comportamiento del empleo formal. Aquí sí el país se ve mal y es el costo del estancamiento económico, para que no nos perdamos en la falsa dicotomía entre crecimiento y desarrollo.

El IMSS cerró el 2019 con un balance positivo de empleos netos de 342,077 plazas laborales que, evidentemente, tienen acceso a las prestaciones de Ley (nuevamente, aquí becarios no). Esta cantidad está 50% por debajo de lo logrado en 2018 y es la generación de empleos más pobre en el país desde la crisis financiera internacional de 2009. Desafortunadamente, 2020 no comenzó mejor: en enero se crearon 27% menos empleos que en igual mes de 2019 que, como ya se señaló, fue un pésimo año en matera de empleo formal.

No se sorprendan del animo social del país, adicional a la violencia desbocada, los errores en la conducción económica está dejando sin oportunidades laborales de calidad a la familias mexicanas y, como el refrán de los abuelos: “cuando el dinero sale por la puerta, el amor se va por la ventana”.