¿Por qué si las reinas y reyes magos buscan afanosamente los mejores precios para dar sus regalos, también toleran que les brinden malos bienes y servicios públicos? ¿Por qué toleramos gobernantes estafadores y exigimos al límite a futbolistas y directores técnicos? Tal vez porque de los primeros nada esperamos y de los segundos, todo. O en otras palabras, probablemente nos sobra afición y nos falta ciudadanía.
Mientras el fútbol tiene reglas constantes y entendibles, las normas bajo las cuales los gobiernos administran y proveen bienes y servicios públicos cambian constantemente, muchas veces, sin más principio que extraer dinero de la población, para luego etiquetarlo como el “apoyo” del alcalde-gobernador-presidente en turno. Los gobernantes omiten reiterar que la mayoría del presupuesto público proviene de los impuestos que pagamos todos, trabajemos en la economía formal (al recibir el ingreso y consumir), o en la informalidad (al consumir).
Mientras la Constitución obliga a todo el gobierno a manejar el dinero público de manera eficaz, eficiente, transparente y honrada; muchas veces los gobernantes al gastarlo buscan los recovecos legales para incumplir estos principios de manera descarada. Además, buscan cómo extraer más dinero, abusando regularmente de grupos vulnerables, como pequeños comerciantes o trabajadores sexuales. Así, el feroz opositor de ayer, al asumir el cargo público rebasa por la izquierda o la derecha las prácticas que denunció. Y si el dinero corre en efectivo, mucho mejor para él y peor para nosotros; porque el rastro se diluye y su ingreso se multiplica.
Volviendo al presupuesto, los caminos para desaparecer el dinero público son varios: un par es autorizar “licitaciones” en las madrugadas o considerar la obra de seguridad nacional, para asignarlo directamente al contratista amigo. Ya sea que se considere parte del pueblo o la ciudadanía, malgastar el dinero público nos afecta a todos. Ahora, ¿cómo podemos evitar que el dinero público se despilfarre o de plano desaparezca? Una opción es presionar por más y mejor transparencia, en la que se aplique el principio constitucional de máxima publicidad. Imagínese: ¿no le gustaría acceder desde su celular a la información sobre alguna obra pública que afectara su calle o colonia, en la que el gobierno informe si contrató algún tercero o lo hará directamente, que incluya fecha de inicio y conclusión, sin necesidad de buscar en una página de internet de difícil acceso y con información incompleta o inexistente? Porque la obligación de informar para las autoridades existe, pero buscan las maneras para eludir sus responsabilidades. Las redes sociales y los medios exhiben tropelías, pero rara vez espantan o preocupan a los cínicos, porque no perciben sanción real alguna.
Finalmente, que en estas noches de reinas y reyes magos, encuentren lo que busquen al mejor precio y calidad para brindar alegrías. Y todos los demás, cuidemos el dinero público para que no nos den gato por liebre.