OPLES, INE Y federalismo

Columnas jueves 11 de marzo de 2021 -

Por Sergio González

Con el arribo de Morena a las Cámaras legislativas en números superlativos en 2018, algunos de sus legisladores empezaron a estudiar, para modificarlo, el actual modelo de distribución de competencias entre el INE y los órganos electorales de los estados.

Creo que, para emprender dicha empresa, se requiere una reflexión serena e informada, recordando dos enfoques.

El primero se refiere al estudio del nuevo modelo desde la calidad de las elecciones mexicanas. Es la óptica de los actores políticos de 2013-2014, reformadores de la constitución que, frente al sistema anterior, alegaron que la dispersión normativa y la heterogeneidad de los procedimientos, prácticas y calendarios entre aquel IFE y los Institutos, Consejos y Comisiones Electorales de los estados, lesionaba la calidad de las elecciones.

Se adujo también que la reforma era indispensable para reforzar la integridad de las elecciones locales, que crujía por la intervención abierta de los gobernadores, lo que a su vez adelgazaba la imparcialidad, objetividad, independencia y profesionalismo con que las autoridades estatales deberían preparar, organizar y desarrollar los comicios locales.

La conclusión natural, según este enfoque, era atraer hacia el IFE todos los procesos electorales del país y crear una arquitectura administrativa diferente que privilegiara el control de una nueva y única entidad central nacional, eliminando los órganos locales.

El segundo enfoque se refería al estudio del nuevo modelo desde un punto de vista de relaciones intergubernamentales, principalmente desde el prisma federalista de nuestro sistema político y su verdadera naturaleza, alcances y perspectivas. Este enfoque encarnó en una resistencia ruidosa de los sectores especializados y actores relevantes de la academia y de los propios Institutos y comisiones electorales locales, que encontrábamos mejores soluciones que la centralización lisa y llana.

Nuestra conclusión era muy distinta: más que centralizar, había que fortalecer el federalismo electoral mexicano robusteciendo el nivel subnacional y acotar malas prácticas y normas mediante el expediente de designaciones de consejeros y consejeras con procedimientos agravados, con más elevados estándares de acceso a la función directiva electoral local y reingenierías de integridad y normativas de primer mundo.

En resumen, las aproximaciones señaladas expresaban preocupaciones operativas y agravios políticos, por un lado, y alegatos republicanos y conceptuales, por el otro.

Hoy que las finanzas de 28 de los 32 órganos electorales están en problemas serios, hay que discernir si el producto de la reforma constitucional de 2014, que implicó una victoria parcial del primer enfoque, el centralizador, ha generado los bienes públicos que ofreció desde su origen, como mayor calidad e integridad electorales estatales.

Alternativamente, hay que preguntarnos si el nuevo modelo ha fracasado en la aplicación concreta de sus postulados normativos e institucionales fragilizando nuestro régimen federal. La clave está en desentrañar lo que los expertos de Morena y de la oposición, sus dirigentes políticos y parlamentarios entienden por federalismo. Continuaré.