Oídos sordos

Columnas martes 25 de noviembre de 2025 -

En la entrega anterior afirmé que sin sociedad no hay gobernabilidad. Y cada día se constata lo anterior. A cada voz disidente en la calle, foros o redes sociales; en automático, muchas personas en los gobiernos de todos los niveles parecen sólo activar instantáneamente la descalificación, sin escuchar en serio las demandas ciudadanas.

Empecemos con la marcha del 15 de noviembre en la CDMX. En varias de las entrevistas que hizo la periodista y youtuber, Eva María Beristain, el común denominador fue el enojo, el coraje de quienes se manifestaron. Por ejemplo, el chavo de 18 años que manifestó su hartazgo del narcomenudeo y la ola de violencia que vive en su colonia en Coacalco, Edomex; o la comerciante de Tepito descalabrada en la marcha que está harta de la extorsión del hampa y de las autoridades locales. Otra entrevista interesante fue la del padre guerrerense que perdió a su hija y por la tristeza se volvió indigente, quien, a pesar de los evidentes estragos por su adicción, fue muy elocuente en compartir el dolor de las personas que ahí se manifestaban. El común de todas las entrevistas es que no son quejas contra la presidenta o su partido. Son quejas contra un sistema gubernamental disfuncional, que parece sólo crear nuevos ricos cada sexenio.

En vez de convocarse a un gran acuerdo nacional, a quitar en paralelo las rejas que cubrían Palacio Nacional y aprovechar el descontento manifestado para hacer una reformulación o “relanzamiento” de un acuerdo de Estado para reducir la violencia, se siguió con la línea de comunicación que eran “infiltrados del PRIAN” o “pagados por Salinas Pliego”. En ningún momento las personas entrevistadas y en general tenían esa intención. Es más, varios de los últimos manifestantes gaseados gritaban al unísono: “ni Morena, ni PRI ni PAN, todos son igual”.

Otros dos sectores que están en ebullición son los de los transportistas y los agricultores. Los primeros están hartos de los robos y extorsiones de la Guardia Nacional y de la criminalidad en general. A los asesinatos de sus choferes, se suma el desdén ante los robos y la enorme pasividad o plena complicidad de autoridades estatales y federales que deberían proteger el transporte de lo que comemos, vestimos y usamos cotidianamente. Y los agricultores están molestos porque les prometieron precios de garantía (precios para que pudieran cubrir sus costos operativos), pero no se los habían dado, o se los dieron a regañadientes hace un par de semanas. Asimismo, se quejan de la nueva ley de Aguas nacionales, que criminaliza cualquier descuido administrativo.

Ahora ambos sectores han unido fuerzas para bloquear carreteras y autopistas en al menos veinte estados, con un común denominador: gobiernos incompetentes o cómplices con el crimen, con un gobierno federal que prefieren comprar el maíz barato en el exterior, que en serio mejorar la tecnificación acá.

Los problemas públicos se multiplican.