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PTSD a la mexicana. Israel González Delgado

PTSD a la mexicana. Israel González Delgado

Columnas miércoles 20 de octubre de 2021 -

El tema del gas no solo se trata del gas. De hecho, viendo el despliegue de los actores que participan en el conflicto, el asunto nos transmite notas de sabor al pasado, pero con una impronta inconfundible de nuestro presente desdibujado.

México vivió una dolorosa transición durante los años setenta y ochenta, porque no solamente estuvo sumergido en crisis económicas recurrentes. De hecho, sostengo que estas fueron más bien un síntoma de un cambio mayor, uno en el que nuestro país aprendió, por las malas, que los factores externos y la lógica de los mercados internacionales era determinante para la estabilidad política doméstica, y para la colocación de prioridades políticas en general.

Desde la formación del partido oficial, el sistema político mexicano se las arregló para gobernar con reglas muy peculiares, claras y antidemocráticas, no exentas de vaivenes ideológicos y sobreviviendo a megalómanos desquiciantes (te estoy viendo a ti, JOLOPO). Pero este arreglo se forjó alrededor de prioridades eminentemente sociales, no económicas (aunque todas las decisiones públicas tengan un impacto económico, se entiende). La reforma agraria, el sindicalismo, la ampliación de la educación masiva y la alineación de un solo partido con el gobierno fueron, probablemente, las cuatro esquinas del cuadrilátero paternal y autoritario de nuestro siglo XX.

Pero en 1976, aproximadamente, ocurrió un cambio que duraría hasta 1995; la suerte política y social de los mexicanos estaría determinada por variables económicas, que además eran inmunes a las decisiones del Estado mexicano. Las crisis sexenales eran un costoso ensayo y error de vacíos legales y claudicaciones gubernamentales, en las que la clase política se resistía sin éxito a aceptar que cada vez podía menos, sin importar los apoyos tradicionales con los que contara (sindicatos, televisoras, caciques, lo que fuera).

Poco a poco, el gobierno se resignó a que lo que podía decidir estaba dentro de un margen muy reducido, uno que lo redujera a mero garante de intereses privados, cuando las reglas impersonales del mercado provocaran alguna situación de emergencia (y para salvar a quienes habían causado la crisis, se entiende). La clase política tradicional (de cuyo corte es la que hoy está en el poder) vio con desesperación cómo se erosionaba su poder y autoridad por causas que no entendía, provocadas por decisiones que se tomaban en la reserva federal estadounidense, o en el Fondo Monetario Internacional. De ahí viene el pánico de la presente administración a cosas como la inflación, el tipo de cambio o el endeudamiento externo, pues esos (los entiendan o no) fueron los fantasmas que derrocaron a la vieja clase política.

En ese sentido, hay un aprendizaje, y es una versión moderna de la reivindicación del poder estatal. No se aspira ya a imprimir dinero para resolver los problemas de liquidez (con todo y sus críticas, el respeto de AMLO a BANXICO ha sido ejemplar), y sólo el enajenado Nicolás Maduro se avienta la puntada de seguir etiquetando precios de bienes y servicios por decreto.

El establecimiento de precios máximos del gas es más modesto. Se usa una fórmula que acepta la variación de los precios, considerando utilidad, pero no una utilidad ilimitada. La causa es que el precio del gas afecta toda la canasta básica y, pese a que los combustibles bajan de precio de forma cíclica, la inflación general que provoca su escasez, rara vez se revierte. No es una mala idea, y no es una idea socialista, ni populista, ni ninguno de esos adjetivos tan gratuitos.


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