Panteones: olvido y desorden

Columnas miércoles 25 de marzo de 2026 -

Hay un modo de leer a las sociedades y esta es a través de la manera en que tratan a sus muertos. Cuando la vida se extingue el orden social se revela con una crudeza que no admite simulación. México, en ese espejo, muestra una fisura profunda.

De acuerdo con los datos del INEGI, hay más de veinte mil panteones en el país, pero estos se encuentran distribuidos de manera desigual, concentrados en ciertas regiones y escasos en otras: son espacios que funcionan como un archipiélago institucional fragmentado. No hay, en sentido estricto, una política nacional que piense la muerte como problema público: no hay planeación de capacidad, ni criterios homogéneos de expansión, ni siquiera un conocimiento claro de cuánto espacio queda.

No es exagerado pensar que tal vacío es civilizatorio. En la tradición sociológica clásica, el tratamiento de los muertos es una de las formas más densas de cohesión social. Enterrar, identificar, nombrar, recordar: esos actos ordenan el pasado, pero también estabilizan el presente.

En México, esa falla adquiere una forma extrema en la crisis forense. Decenas de miles de cuerpos sin identificar, fosas clandestinas que proliferan en la geografía del horror, así como fosas comunes legales que operan en condiciones de opacidad estructural. La legalidad, en estos casos, no garantiza dignidad ni trazabilidad; apenas asegura el depósito. La fosa común -esa institución jurídica prevista para resolver lo excepcional- se ha convertido, en muchos territorios, en el lugar donde la identidad se disuelve sin retorno.

Pero incluso fuera de ese circuito crítico, los panteones ordinarios muestran signos de agotamiento; tanto por la saturación física, como por la precariedad técnica que los atraviesa. El cuerpo muerto, objeto de cuidado ritual y sanitario riguroso en otras tradiciones, aquí parece quedar suspendido entre la ignominia y el abandono.

Lo que está en juego es la relación entre vida, muerte y reconocimiento. Levinasrecordaba que el rostro del otro nos obliga incluso más allá de la vida; Ricoeur insistía en que la memoria es un acto ético antes que historiográfico. Sin embargo, la proliferación de cuerpos no identificados y la saturación de los espacios de entierro indican una forma de desbordamiento donde el otro es convertido en mero residuo.

Estamos pues ante la incapacidad de sostener simbólicamente la muerte dentro del orden social. La saturación de los panteones y el crecimiento inédito de la magnitud de las fosas comunes erosionan la posibilidad de inscribir la muerte en una narrativa colectiva. Y sin esa inscripción, la sociedad se desliza hacia una forma de anonimato radical.

En ese sentido, la crisis de los panteones es síntoma de la dificultad del Estado y de la sociedad para hacerse cargo de sus propios límites. La muerte, que debería ser el último acto de reconocimiento, se convierte en un trámite incierto, en una geografía dispersa, en un archivo incompleto.

La cuestión es radical, pues nos coloca ante la cuestión fundamental: somos una sociedad que se convirtió en incapaz de garantizar lo mínimo existencial: la posibilidad universal de una muerte digna.

Investigador del PUED-UNAM