Preocupa el funcionamiento del Congreso de la Unión

En aquel momento, la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados (1997-2000) fue considerada inédita, toda vez que el partido mayoritario no logró obtener la mayoría absoluta, con lo cual el gobierno perdió la posibilidad de aprobar o detener cualquier reforma constitucional en ese recinto sin el apoyo de otras fuerzas políticas.

Luego, como sabemos, durante los últimos cuatro sexenios se han suscitado diversas y muy particulares transiciones del poder y en los propios partidos, que tras el balance de estas dos décadas han puesto en la mesa una serie de patologías institucionales del Congreso y de la calidad de la democracia mexicana.

Hoy los datos comprueban que la seriedad del trabajo parlamentario es precaria y se ha demeritado. Por ejemplo, la tasa de aprobación de iniciativas ronda en promedio entre 6 por ciento en Cámara de Diputados y 7 por ciento en Cámara de Senadores, ello significa un exceso de activismo de los legisladores quienes proponen iniciativas y reformas “a granel” a pesar de que la gran mayoría de las veces estas carecen de justificación técnica, son irrelevantes o de mera coyuntura ideológica y sobre todo no cuentan con diagnósticos de impacto presupuestario, haciendo inviable su implementación.

Lejos de ser indicadores meramente anecdóticos, estos datos se suman a otras disfuncionalidades preocupantes en donde actualmente el Congreso únicamente discute y da prioridad a la agenda del Ejecutivo federal regresando a etapas que parecían ya superadas de nuestra historia, incluso pasando por alto las normas y procedimientos parlamentarios, tal y como ocurrió durante la discusión reciente de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el Plan Nacional de Desarrollo y Ley de Amnistía, entre otros proyectos, que no cumplían con las formalidades técnicas ni legales para ser aprobados.

Asimismo, no es novedad que el perfil de buena parte de los legisladores que desfilan por los pasillos del Congreso dista mucho de ser el adecuado para cumplir las funciones parlamentarias con el rigor técnico y la calidad del debate que se requiere. Casi la mitad de los diputados y senadores de la actual legislatura no cuentan con título universitario y algunos carecen de experiencia previa en temas públicos ya ni siquiera legislativos, predominando más los perfiles activistas y el compadrazgo con el margen de reserva que ello implica en detrimento de las funciones constitucionales del Congreso.

Preocupa el funcionamiento del Congreso de la Unión sí, pero preocupa más que los ciudadanos como usted, como yo, como cualquier familia, simplemente no nos sentimos representados por lo que ocurre en las tribunas de la Nación. Algo debemos hacer para cambiar el curso de estos vientos. Y lo debemos de hacer ya.