Prisión Preventiva: ¿Justicia o Retroceso?

Desde la llegada de Morena al poder, los cambios constitucionales han seguido un ritmo acelerado, respaldados por una supermayoría legislativa que permite a la coalición gobernante introducir modificaciones significativas sin consensar dichos cambios con el resto de las fuerzas políticas. En este contexto, uno de los temas más controvertidos ha sido la prisión preventiva oficiosa, un mecanismo que ordena la detención automática de personas acusadas de ciertos delitos, sin que sea necesario justificar su necesidad en cada caso.

Recientemente, el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se ha ampliado para incluir la extorsión, el contrabando, la emisión o compra de comprobantes fiscales falsos, así como delitos relacionados con el fentanilo y otras drogas sintéticas.

La ampliación del catálogo de delitos ha sido criticada por reforzar una estrategia que muchos califican como punitivismo judicial, caracterizada por una marcada preferencia hacia el uso de penas severas y restrictivas como respuesta principal a la criminalidad. Este enfoque privilegia el castigo sobre otras alternativas como la reintegración social, la reparación del daño o el uso de medidas cautelares menos lesivas.

Además, esta tendencia al punitivismo plantea serias preocupaciones sobre su impacto en los derechos humanos, la eficacia del sistema de justicia penal y la capacidad del sistema penitenciario. Al priorizar la prisión preventiva de forma automática, se pone en riesgo el principio de presunción de inocencia, lo que podría llevar al encarcelamiento de personas inocentes o de aquellas cuya culpabilidad no ha sido probada de manera fehaciente.

Por otro lado, este modelo perpetúa un problema estructural: la saturación de las cárceles, con el consiguiente aumento de costos para el Estado y la limitada capacidad para cumplir con la función rehabilitadora del sistema penitenciario. En lugar de abordar las causas estructurales del crimen, como la desigualdad y la falta de oportunidades, se opta por un enfoque reactivo que profundiza los problemas existentes.

El argumento del oficialismo para justificar la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se centra en la necesidad de reducir la impunidad en delitos graves que afectan la seguridad pública y la paz social. Según los legisladores de Morena y aliados, la inclusión de delitos como la extorsión y el contrabando se justifica por su alto impacto en la sociedad y su relación con la percepción de inseguridad.

En el caso de los delitos relacionados con el fentanilo y otras drogas sintéticas, el oficialismo argumenta que su incorporación al catálogo responde a la necesidad de combatir de manera más efectiva el mercado ilícito creciente de estas sustancias y mitigar la crisis de salud pública que generan. La gravedad del problema, según la iniciativa, exige medidas contundentes que permitan frenar el flujo y consumo de estas drogas, sin embargo, la inclusión de este delito parece obedecer más a la presión de Estados Unidos y las señales que pretende enviar México sobre el combate al tráfico de esta droga.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado a México a eliminar la prisión preventiva oficiosa, especialmente después de analizar los casos de dos personas estuvieron encarceladas por 17 años sin recibir una sentencia por falta de pruebas suficientes. A pesar de la ausencia de una condena, su encierro persistía debido a la aplicación automática de la prisión preventiva, lo cual vulnera el principio de presunción de inocencia y otros derechos fundamentales, como el derecho a la libertad personal y al debido proceso legal.

Resulta paradójico que estos cambios sean impulsados por un partido político que ha hecho de la defensa de los pobres su principal bandera. Uno de los problemas más graves del sistema de justicia en México es que, precisamente, los sectores más vulnerables de la población son quienes tienen menos acceso a un sistema judicial eficaz, enfrentando barreras económicas, sociales y estructurales para garantizar sus derechos.

En este contexto, sería más sensato priorizar alternativas al encarcelamiento, así como promover una reforma integral que transforme el sistema de justicia. Esto implicaría no solo revisar el funcionamiento de las fiscalías y los ministerios públicos, sino también reestructurar el sistema penitenciario, garantizando que sea capaz de cumplir su función de reinserción social y no solo de castigo.

Las medidas que se han implementado, como la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, tienen serias implicaciones para el ejercicio de los derechos humanos, siendo uno de los más afectados el principio fundamental de presunción de inocencia. Esta política punitiva afecta de manera desproporcionada a quienes no tienen los recursos para defenderse adecuadamente, perpetuando la inequidad y la injusticia en el sistema penal.

Es crucial que el oficialismo evalúe de manera cuidadosa los cambios que está promoviendo, considerando las repercusiones a largo plazo sobre los derechos de la ciudadanía. Un enfoque que priorice el castigo automático sobre el fortalecimiento de las instituciones judiciales podría derivar en un retroceso significativo en materia de derechos humanos y justicia social.

Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC