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Prohibida la propaganda, no la transparencia

Prohibida la propaganda, no la transparencia

Columnas miércoles 07 de abril de 2021 -

Por Alejandro Torres Rogelio (*)

Tras el inicio de las campañas electorales es importante precisar que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de todas las dependencias gubernamentales sigue vigente, por lo que no se vale que suspendan su publicación con el pretexto de que está en curso la contienda electoral.

El artículo 67 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) dice que “la información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título (sobre las obligaciones de transparencia), no constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición expresa en contrario en la normatividad electoral.”

Esta disposición aplica a nivel federal y local, por lo que es ilegal que durante el proceso electoral las instituciones bloqueen o limiten el acceso a los portales de transparencia o dejen de publicar y actualizar su información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

La naturaleza y características de las obligaciones de transparencia que tienen los sujetos obligados (alrededor de ocho mil en todo el país) son determinadas por las leyes de acceso a la información pública y por lo tanto no tienen sesgo partidista o político.

La legislación electoral es clara respecto de la prohibición que pesa sobre los servidores e instituciones públicas de realizar propaganda en favor de partidos o candidatos. Lo que se suspende es la promoción de acciones y programas gubernamentales que puedan tener tal sesgo, pero no las obligaciones de transparencia.

Este tipo de información se divide en obligaciones comunes (para todos los sujetos obligados) y específicas (definidas para cada uno según sus facultades, competencias y atribuciones).

La información que abarca ambas categorías se debe publicar y actualizar por lo general cada trimestre en dos espacios distintos: a) en la sección de transparencia que debe tener en su página de inicio en internet cada sujeto obligado, y b) en la PNT. En ambos casos, esa información debe cumplir con criterios tanto de forma como de fondo; lo mismo se regula en qué formatos tiene que publicarse que el nivel de desglose y detalle de los datos.

En caso de que alguna dependencia gubernamental bloquee o deje de actualizar sus obligaciones de transparencia, cualquier persona puede presentar una denuncia ante el instituto de transparencia correspondiente, el cual podrá ordenar la inmediata publicación de la información y, en su caso, dar vista al órgano interno de control respectivo para que se sancione a los funcionarios responsables.

Esta accesibilidad total y permanente también aplica para la información que el artículo 58 de la LGTAIP define como “transparencia proactiva”, aquella que permite “la generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables”.

Es importante que el acceso a la información pública no se vea afectado por el curso de las campañas electorales y que los ciudadanos lo hagan valer cuando se pretenda restringir su derecho a saber.

(*) Especialista en transparencia y protección de datos.
@torresalex


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/CR

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