Columnas
*Profesor Investigador visitante en el CIDE. Investigador Nacional Nivel II del SNI. Doctor en Derecho y en Ciencias Políticas y Sociales (UNAM)
El fenómeno de la corrupción es un lastre que ha venido afectando a la sociedad mexicana desde hace décadas.
Este grave problema no se puede resolver solo con buenas intenciones. Es necesario echar a andar el aparato del estado, para realizar acciones concretas y coordinadas que permitan llegar a observar avances, así como una mejora constante en la disminución de los actos de corrupción.
La impunidad que prevalece hasta la fecha, las redes de complicidades que deben desarticularse y la falta de acciones concretas y ejemplares para
inhibir los actos de corrupción, deben atacarse a través de un nuevo modelo institucional.
Desafortunadamente, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) creado en 2015, no ha sido aún una herramienta útil y funcional para alcanzar esos objetivos.
En diversos países, los Tribunales de Cuentas, los “Zares” anticorrupción, y otros modelos y mecanismos similares, han permitido dar golpes certeros a los grandes escándalos de corrupción, cosa que en nuestro país no ha sido posible todavía.
En ese orden de ideas, debe estudiarse el contexto nacional en México. Las herramientas con las que contamos, su posible eficacia y sus fallas. Es necesario plantear un rediseño institucional para mejorar la eficacia y eficiencia del SNA. Por ejemplo, podría valorarse la posibilidad de crear un
Organismo Público Autónomo que tenga como fin el combate a la corrupción, denominado “Comisión Nacional Anticorrupción.”
De acuerdo con esta propuesta (de autoría propia), dicho organismo podría absorber y ampliar las actuales funciones de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. Su titular sería designado por el Senado de la República, contaría con un Comité de Participación Ciudadana integrado por 5 miembros (como sucede actualmente) y su Presidencia duraría 5 años, con posibilidad de reelección por un nuevo periodo. Actuaría en forma similar a la actual función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero en materia de combate a la corrupción.
A este organismo se le dotaría de las herramientas para presentar denuncias o querellas, dar seguimiento a los procesos jurisdiccionales por casos
de corrupción, designar a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias, entidades, órganos autónomos y Poderes de la Unión, y crear políticas públicas transversales en materia de combate a la corrupción, entre otras funciones.
Con estas medidas, se estaría dando un golpe certero y frontal a la corrupción en México. A ocho años de la creación del SNA, este no ha tenido la fortaleza institucional para convertirse en una herramienta eficaz en el combate a la corrupción en México.
Flor de Loto: La medida propuesta solo implicaría reformas a la Ley General del SNA y a otras normas como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por el momento, no se requeriría una reforma constitucional.