Prueba de fuego para la SCJN

Columnas martes 21 de febrero de 2023 -

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió las acciones de inconstitucionalidad que presentaron partidos políticos y legisladores contra el primer paquete del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral.

Se trata de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forman el primer paquete de reformas en materia electoral aprobadas en diciembre pasado por el Congreso.

La Corte admitió las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PRD, PAN, PRI, MC y Grupo Plural.

Las acciones de inconstitucionalidad plateadas por los partidos y legisladores acusan la violacion a la equidad en los procesos electorales, al permitir que los servidores públicos puedan hacer campaña e incluso pronunciarse a favor de algún candidato.

También se argumentó en contra del fast track con que Morena aprobó la reforma, pues después de que se rechazó la reforma constitucional del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de inmediato se presentaron en Cámara de Diputados reformas a leyes secundarias, las que no fueron conocidas, ni discutidas antes de ser votadas, violándose el proceso parlamentario, ya que no se trataba de iniciativas preferentes.

La oposición ha manifestado reiteradamente que Morena y sus aliados , de manera mañosa, detuvieron la cláusula de la "vida eterna", sólo para ganar tiempo, y al final van a premiar a sus aliados, a la chiquillada aprobando dicha cláusulas, que permite la transferencia de votos, y que sigan existiendo partidos que no cumplen con el mínimo de votos que establece la ley, para ser partido político.

No podemos perder de vista que el 'Plan B' pone en riesgo las elecciones de este año y las presidenciales. La Corte es la única instancia a que tienen los ciudadanos para detener el Plan B, que representa violaciones flagrantes a los derechos humanos de los mexicanos, y un retroceso a la democracia.

Es muy preocupante que el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador tenga como objetivo mutilar al arbitro electoral, al quitarle aún más presupuesto.

¿Cómo va a organizar el INE procesos electorales libres, equitativos y confiables para garantizar el ejercicio de los derechos electorales?

Otro de los temas preocupantes del Plan B, es que las reformas favorecen que los funcionarios gubernamentales usen recursos públicos para promover su imagen, algo que actualmente esta prohibido, ya que genera un desequilibro en la contienda electoral. Un ciudadano común no puede competir contra el aparato y los recursos públicos del Estado.

Con esta reforma se viola de manera directa la Constitución que establece que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional, sin poder incluir imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse.

Con esta reforma lo que el Presidente pretende es, que los cuatro aspirantes presidenciales de Morena, todos ellos servidores públicos en funciones, puedan utilizar recursos públicos para incidir en las elecciones, y para seguir haciendo actos anticipados de campaña, en detrimento del resto de sus competidores.

La Suprema Corte de la Nación es la única que puede detener esta terrible reforma electoral, y está a contrarreloj, pues las modificaciones a las leyes impactan directamente en los comisiones electorales de este año y en la elección presidencial del 2024.