Síguenos @ContraReplicaMX
Pruebas confirman que Cabeza de Vaca es perseguido político y mediática del Estado, señala defensa
Nación
Claudia Bolaños
La defensa del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusó persecución política y sostuvo que las principales acusaciones formuladas en su contra desde 2020 se han debilitado a partir de diversas resoluciones emitidas por tribunales federales.
De acuerdo con los documentos difundidos por su equipo jurídico, las resoluciones relacionadas con algunos de sus presuntos coacusados cuestionaron los elementos aportados por la Fiscalía General de la República (FGR) para acreditar delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los casos citados por la defensa se encuentra el de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, empresario señalado por la FGR como una de las piezas de la presunta estructura financiera vinculada con García Cabeza de Vaca.
Reséndez Cantú fue detenido en Estados Unidos en 2021 y posteriormente trasladado a México. En abril de 2023, un juez federal determinó su libertad y la no vinculación a proceso, al considerar insuficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal.
La defensa sostiene que en esa resolución se estableció que la Fiscalía había intentado relacionar al empresario con organizaciones criminales mediante conjeturas y que no presentó elementos objetivos suficientes para acreditar esas acusaciones.
También refiere que las empresas relacionadas con Reséndez Cantú no estaban catalogadas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, conocidas como EFOS.
Otro de los casos citados es el de Juan Francisco Támez Arellano, quien obtuvo suspensiones y amparos relacionados con la orden de aprehensión dictada en su contra.
La defensa sostiene que las resoluciones judiciales dejaron sin sustento las imputaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A partir de estos antecedentes, los abogados de García Cabeza de Vaca argumentan que también perdió fuerza la hipótesis de la FGR que pretendía vincular al exgobernador con una supuesta red financiera operada por sus coacusados.
El conflicto judicial se remonta a febrero de 2021, cuando la FGR solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el procedimiento de declaración de procedencia contra García Cabeza de Vaca, entonces gobernador de Tamaulipas.
La defensa sostiene que el Congreso de la Unión únicamente autorizó el procesamiento por defraudación fiscal equiparada y descartó la acusación por delincuencia organizada. Posteriormente, el Congreso de Tamaulipas rechazó homologar el desafuero.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que el entonces gobernador conservaba inmunidad procesal local hasta la conclusión de su mandato.
Los abogados también cuestionan la actuación de la FGR durante la tramitación de los recursos y aseguran que la representación ministerial promovió recusaciones contra magistrados federales en distintas ocasiones, lo que habría retrasado las resoluciones.
Posteriormente, la defensa cuestionó que la Suprema Corte atrajera recursos relacionados con el exmandatario cuando ya no ocupaba un cargo público y que, tras su resolución, fueran revocadas algunas protecciones constitucionales que previamente habían sido concedidas por tribunales colegiados.
En el terreno político, el equipo jurídico relacionó el proceso judicial con las impugnaciones presentadas en 2024 contra la candidatura de García Cabeza de Vaca a una diputación federal plurinominal. Según la defensa, sus adversarios utilizaron el señalamiento de que era prófugo de la justicia para intentar impedir su participación electoral.
La defensa también sostiene que actualmente no existe una ficha roja activa de Interpol contra el exgobernador y cuestiona que continúe siendo presentado públicamente como prófugo.
García Cabeza de Vaca mantiene además una disputa política y jurídica con el gobierno de Tamaulipas. El pasado 1 de octubre presentó una demanda ante una corte federal del sur de Texas contra el gobernador Américo Villarreal Anaya y funcionarios de su administración, en la que plantea acusaciones sobre presuntas irregularidades y vínculos con actividades delictivas.
El equipo jurídico del exgobernador utiliza las resoluciones favorables obtenidas por algunos de los investigados para sostener que las acusaciones originales carecen de sustento y que el proceso en su contra ha sido utilizado con fines políticos.
No obstante, las resoluciones favorables a sus presuntos coacusados corresponden a sus respectivos procesos y no implican por sí mismas la conclusión de todos los procedimientos judiciales relacionados con García Cabeza de Vaca.
La defensa sostiene que el exgobernador no ha sido condenado por delincuencia organizada ni por operaciones con recursos de procedencia ilícita y que las resoluciones judiciales deben ser consideradas para revisar los señalamientos que públicamente se han realizado en su contra.
Envíe un mensaje al numero 55 1140 9052 por WhatsApp con la palabra SUSCRIBIR para recibir las noticias más importantes.
OC/CR
Etiquetas
Nación
2026-10-05 - 18:50
Nación
2026-10-05 - 18:50
Nación
2026-10-05 - 17:55
Nación
2026-10-05 - 16:47
Nación
2026-10-05 - 16:47
Nación
2026-10-05 - 16:44
Nación
2026-10-05 - 15:58
Nación
2026-10-05 - 15:28
Nación
2026-10-05 - 14:23
