Por Manelich Castilla
“En los últimos 25 años del siglo XX, el lugar de la policía, tanto a nivel simbólico como instrumental, quedó sometido al examen crítico de académicos, políticos y encargados de diseñar políticas. En el plano instrumental se empezaron a señalar los límites de que adolece un estilo de actuación policial punitivo y reactivo para la producción de seguridad local”, señalaban en el 2007, Shearing Clifford y Jennifer Wood (Pensar la seguridad, Ed. Gedisa).
Agregaban que, al mismo tiempo, las organizaciones policiales comenzaban a presenciar cambios significativos en la composición social y cultural de las poblaciones donde brindaban servicios. Con una ciudadanía cada vez más diversa, el reto para las organizaciones policiales consistía en repensar cómo abarcar la diversidad al tiempo que retenían la imagen de la policía como representantes icónicos del interés público. Esa era la agenda estratégica de las instituciones policiales.
A poco más de dos décadas del siglo XXI, el lugar simbólico e instrumental de la policía, al menos en México, sigue sometido al examen crítico de los académicos, pero cada vez menos al interés de los políticos, que han cedido su lugar a periodistas interesados en la función policial y a un escaso número de organizaciones de la sociedad civil. Dicho sea, muchos periodistas aportan a la función policial no solamente crítica, sino propuesta. Hoy hay más periodistas, hombres y mujeres, comprometidos con la causa policial, que políticos en esa senda.
Un alto porcentaje de constructores de política pública comienzan a acostumbrarse a abordar el tema de la seguridad al margen de la policía. Han aceptado la política criminal dictada desde el Poder Ejecutivo sin cuestionamientos de ninguna índole. Solamente así se explica que una reforma constitucional votada de manera unánime, cuya bandera fue la construcción de un robusto cuerpo policial de carácter civil denominado Guardia Nacional, haya resultado una mofa a la propia Constitución al trasladar su subordinación operativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con mando civil, al Ejército, vía un Decreto presidencial. El trascendido de proponer formalmente su pertenencia al Ejército, evidencia el uso a modo que se hizo de nuestra Carta Magna.
El desdén por la policía civil se observa en el incumplimiento a requisitos básicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, exámenes de control y confianza y la CUIP, Cédula Única de Identificación Permanente, obligatoria para los cuerpos de seguridad pública. Académicos que a la par son servidores públicos en el propio sistema responsable de velar por el acatamiento de dichas obligaciones, observan cómo proyectos prioritarios como el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, nadan en el mar del desinterés presidencial.
En resumen, el modelo policial civil en el ámbito federal está en capilla. México se alinea con el porcentaje minoritario de países que apuestan por un modelo militar en seguridad pública. Quienes hoy defienden la esencia del trabajo de las corporaciones civiles son una minoría y lo hacen en el ámbito estatal y municipal. Es algo.
Las Fuerzas Armadas cuentan con respeto y respaldo mayoritario de los mexicanos. Empero, las mejores prácticas en seguridad pública tienen en los modelos civiles sus mejores exponentes. No rectificar el rumbo llevará a México a alinearse con modelos propios de países poco democráticos, a la par de someter a nuestros soldados al inevitable desgaste cotidiano, causa principal de que las policías lidien contra la poca confianza ciudadana. Si eso sucede, las consecuencias serán lamentables.