RETORNO A CLASES PRESENCIALES

Adriana Moreno Cordero

El tema de la educación en esta pandemia de Covid-19 se ha venido discutiendo, sobre todo, respecto a cuándo los estudiantes podrán regresar a las aulas. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán ha sido muy cuidadoso en el tema desde que inició la contingencia sanitaria porque es un hecho que el sistema educativo en nuestro país -que abarca a alrededor de 37 millones de estudiantes- se puso a prueba con la pandemia del coronavirus.

Lo que es innegable, es que la educación es un derecho fundamental y proveerla es una obligación irrenunciable del Estado. En el caso de México, la Constitución, en su artículo 29 que se refiere al ejercicio de los derechos y las garantías, establece un impedimento categórico de restringir o suspender los derechos de la niñez sin importar la circunstancia que se presente.

México es de hecho el único país del mundo que contempla en su Carta Magna un mandato de este tipo, por ello, no deja de llamar la atención cómo se ha cumplido un año del primer caso de una persona infectada de Covid-19 -el 17 de noviembre del 2019- y en nuestro país, al parecer, este mandato no se observa.

Es recomendable que el gobierno mexicano repare en experiencias de países como Alemania, Francia y Japón, donde se han colocado las prioridades en orden, considerando la educación como una actividad esencial, de ahí que en esas naciones, la voluntad política se ha dirigido a luchar por mantener las escuelas abiertas y garantizar la educación.

Al contrario en México, no se repara en las implicaciones de mantener las escuelas cerradas, que si bien pueden ser silenciosas, sin duda son de gran dimensión y duraderas. Asimismo, debe surgir una voz que defienda los derechos de los niños y abrir una conversación pública para garantizar su derecho -en este caso- a recibir educación.

No hay que soslayar que la escuela es el centro de comunicación y convivencia con maestros y compañeros, por ello, hay que escapar del falso dilema de que para garantizar un derecho, es permisible no garantizar los otros derechos humanos y fundamentales. Lo que es claro y contundente, es que las autoridades tienen el deber de proteger y respetar los derechos humanos de forma interdependiente, sin excluir unos por otros, porque esto se vuelve una trampa que puede derivar en graves consecuencias.

Es prioritario no permitir que el gobierno nos imponga elegir entre nuestros derechos o renunciar a ellos, dadas las circunstancias. Esto, podría estar poniendo al descubierto que no hay capacidad o compromiso para brindar bienestar a la población.

Vale la pena recordar que todos los derechos humanos son igualmente fundamentales para nuestro desarrollo integral y en especial los de los niños.

morcora@gmail.com