La reforma aprobada por el Senado en marzo de 2024, que obliga a los estados a implementar un Sistema de Alerta Temprana para fenómenos geológicos como los sismos, continúa sin avance en la Cámara de Diputados a pesar de la alta vulnerabilidad sísmica del país.
El proyecto busca modificar la Ley General de Protección Civil con la adición del artículo 17 Bis, el cual establece que cada entidad debe contar con un mecanismo propio capaz de detectar, evaluar y advertir con anticipación sobre un evento sísmico. Además, plantea que las alertas se emitan de manera auditiva y visual, garantizando que toda persona, incluidas aquellas en situación de vulnerabilidad, pueda ponerse a salvo.
Actualmente, la cobertura del Sistema de Alerta Sísmica de México (SASMEX) alcanza a ciudades como Ciudad de México, Oaxaca, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Toluca, Puebla, Cuernavaca y Colima. Sin embargo, este servicio protege a poco más de 25 millones de personas, menos de una quinta parte de la población nacional, lo que deja a la mayoría del territorio sin herramientas de prevención.
El dictamen aprobado en el Senado señala que la reforma no invadiría las facultades del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), organismo que seguiría coordinando el monitoreo y emisión de alertas para fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y sanitario-ecológicos.
Con la iniciativa detenida en San Lázaro desde hace 18 meses, expertos en gestión de riesgos advierten que México continúa dependiendo de una cobertura parcial y desigual frente a sismos, mientras la población en regiones altamente expuestas carece de un sistema efectivo de protección.