Rescatar el programa Escuelas de Tiempo Completo

Columnas miércoles 30 de marzo de 2022 -

Ex diputada federal, asesora de AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

A la actual administración se le acaba el tiempo para tratar de desactivar los temas que podrán causarle un revés en la consulta sobre revocación de mandato y con ello perder la oportunidad de mantener la polarización política.

La polémica por la decisión de cancelar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), la falta de acuerdos con la oposición para aprobar la reforma eléctrica –que podría derivar en una negociación política para beneficiar a los priistas en las próximas elecciones–, y los escándalos de corrupción en los que estarían involucrados parientes y amigos cercanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, han prendido las alertas en el gobierno federal.

Evidentemente todos son temas sensibles, que impactan directamente en la vida de los mexicanos. Pero de manera relevante, emerge la decisión del gobierno de cancelar el PETC –en vigor desde 2007–, para entregar recursos de manera directa a los padres de familia de 7 millones de alumnos, y darle un uso clientelar al presupuesto con alta rentabilidad política para Morena. Por esta razón, diversos sectores sociales advierten sobre la posibilidad de enfrentar una verdadera tragedia educativa, si la 4T mantiene su decisión.

A un mes de que la Secretaría de Educación Pública anunció la desaparición de dicho programa reconocido por organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), las voces de rechazo a esta medida van en aumento. Padres de familia, académicos, federaciones estudiantiles, maestros, organizaciones no gubernamentales y gobernadores han expresado de manera abierta las consecuencias que ocasionará esta decisión en el Sistema Educativo Nacional.

Todos coinciden en que se debe revertir esta decisión para que no se vulneren de los derechos de niñas, niños y adolescentes mexicanos, además de que provocará un incremento en el rezago educativo, la deserción escolar y las brechas de desigualdad.

El Centro de Investigación en Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) reconoce que la eliminación del PETC “ocurre en un momento crítico para la educación. El regreso a clases presenciales se queda sin uno de los pocos recursos con los que contaba para afrontar los retos derivados de la pandemia: deserción escolar, pérdidas de aprendizajes y menor participación de madres de familia en empleos remunerados. Las consecuencias de no atender estos desafíos serían graves: los mexicanos perdieron, en promedio, aprendizajes equivalentes a dos años de escolaridad, lo que puede reducir sus ingresos en un 8 por ciento anual durante su vida laboral”.

En el Congreso de la Unión se han promovido 22 acciones legislativas para dar continuidad a este programa. La oposición ya prepara una acción de inconstitucionalidad por la cancelación del PETC y reforzará la campaña de amparos que han presentado diversas organizaciones civiles ante la autoridad judicial, por considerar un engaño la respuesta que ha dado la SEP a los reclamos por la suspensión del programa.

El Poder Judicial debe analizar con mucho detenimiento los amparos que se han promovido contra esta decisión, pues es una mentira que los alumnos vayan a ser atendidos con el programa La Escuela es Nuestra, debido a que los recursos presupuestales con los que cuenta sólo contempla temas de infraestructura, no de alimentos, ni actividades extracurriculares o el pago de docentes que requieren los centros escolares de tiempo completo.

Para los padres de familia la promesa del gobierno de entregar los recursos de manera directa es un engaño que busca mitigar el descontento por la eliminación del programa. Lo más probable es que ocurra lo mismo que cuando desaparecieron las Estancias Infantiles: las abuelitas nunca recibieron el dinero por cuidar a sus nietos.

En las zonas de alta marginación, se ve difícil que los padres de familia destinen el apoyo económico para darle de comer a sus hijos, seguramente tendrán que utilizarlo en otras cosas. Además, si se reduce el horario de las escuelas, muchos niños pasarían más tiempo en las calles y correrían muchos peligros al regresar solos a sus casas.

Lo anterior ha motivado a casi la mitad de las entidades federativas de la República Mexicana a tomar la decisión de hacerse cargo del programa con recursos propios. Los gobernadores de Baja California, Baja California sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán señalaron que el programa ha ayudado a disminuir el rezago educativo y a mejorar los resultados en los aprendizajes.

Hay una enorme cantidad de beneficios probados con el PETC y así fue presentado en la evaluación que hizo en el 2018 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El programa también impactó de manera directa en las madres de familia, pues les permitía una presencia en el mercado laboral, por lo que se requiere voluntad política para dar marcha atrás a la decisión de cancelarlo.

A once días de la consulta de revocación de mandato –cuyo resultado no será vinculante y en la que se gastarán alrededor de 2 mil millones de pesos–, es imprescindible dar prioridad a la educación en México y evitar el desvío de recursos públicos con fines electorales, bajo el pretexto de mejorar la infraestructura de los planteles educativos.