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Restablecer el programa de Escuelas de Tiempo Completo; oportunidad de corregir atrocidades

Restablecer el programa de Escuelas de Tiempo Completo; oportunidad de corregir atrocidades

Columnas miércoles 21 de septiembre de 2022 -

Rocío Barrera

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

Con la relevante y acertada decisión de la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México –que ordenó al gobierno federal restablecer el programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC)–, el Poder Judicial ha reconocido que su cancelación es una grave violación a los derechos humanos de las niñas y los niños, por el principio de no regresividad.

Hace constar que el Acuerdo número 08/04/22 emitido por la secretaría de Educación Pública –mediante el cual se decidió terminar con ese programa–, atenta contra el interés superior de la niñez, pues ninguna norma, acuerdo o ley debe empeorar el goce de un derecho fundamental que alcanzó cierto nivel y que ya no puede regresar al estado previo.

El fallo judicial ordena al Ejecutivo federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a la Cámara de Diputados, así como a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que tenían los alumnos con las ETC; y si esto no es posible, las autoridades deberán asegurarse de que La Escuela es Nuestra (LEEN) se transforme para que cumpla con los objetivos y beneficios otorgados por las ETC.

La resolución obligó además a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a informar a través de sus redes sociales que la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la dependencia promoverá un recurso de revisión, pues considera que los servicios de Jornada Escolar Ampliada y Alimentación son atendidos por medio del programa LEEN.

Desde el punto de vista de la organización Mexicanos Primero, el que se hayan destinado recursos a un programa que aparenta suplir a otro –como es el caso de LEEN–, no subsana la violación a la progresividad, dado que se trata de un programa “prestatario” y las ETC constituían un verdadero “sistema de prestación de servicios educativos y alimentarios”.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en los 13 años de operación de ETC se logró reducir el porcentaje de alumnos con niveles insuficientes en las pruebas matemáticas y de lectoescritura, además de disminuir el rezago escolar, entre alumnos de poblaciones vulnerables. También cerró las brechas de desigualdad, pues siete de cada 10 escuelas de tiempo completo se ubicaban en zonas rurales o de población indígena.

En el estudio realizado por el IMCO, se menciona que el programa de ETC –que se inicio en 2008, durante el Gobierno de Felipe Calderón–, beneficiaba a 3.6 millones de alumnos y contaba con dos pilares fundamentales: la extensión del horario y los servicios de alimentación. Incluso, destaca que la ampliación de la jornada educativa alcanzó un mínimo de 6 mil 480 horas de instrucción primaria, nivel semejante a Australia (6 mil 998) y Dinamarca (7 mil).

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la reducción en la tasa de repetición en las escuelas vulnerables fue de 13 por ciento, respecto al nivel previo al inicio del programa y gracias a los alimentos que recibieron los estudiantes vulnerables, se logró disminuir la desnutrición, una labor muy loable, sobre todo si se toma en cuenta que el 55 por ciento de los niños atendidos en la mayoría de las 27 mil 63 escuelas, se hallan por debajo de la línea de pobreza.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señala que para el 66 por ciento de los estudiantes que pertenecían al programa, el servicio de alimentación era su primera comida del día. La numeralia en torno a la eficacia y extensión del programa de Escuelas de Tiempo Completo –que en más del 70 por ciento se ubicaban en zonas indígenas, localidades rurales y semirurales y apoyaba a madres trabajadoras y familias necesitadas–, es contundente. En su último año de funcionamiento, el programa benefició a una de cada 10 escuelas públicas de educación básica y a uno de cada 5 estudiantes en ellas.

En un reporte de la agencia EFE, Alma Maldonado, doctora en educación superior e investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) aseguró que estas escuelas otorgaban entre 1,5 y 3,5 horas de clases extracurriculares en disciplinas como arte, música, deporte, inglés en donde participaban menores de 5 a 12 años de zonas vulnerables.

Los indicativos del bajo nivel en materia educativa que se registra a nivel nacional, son de por sí alarmantes; de ahí que la inaudita decisión política de eliminar programa de Escuelas de Tiempo Completo sólo haya venido a agravar el estado actual de las cosas, puesto que su atinada implementación se había convertido en una de las acciones más importantes del país en este rubro. Después de la pandemia por Covid 19, que afectó seriamente la educación en nuestro país, estamos obligados a tomar las medidas que nos ayuden a cerrar las brechas, disminuir el rezago educativo y el abandono escolar.

Por ello hay que ponderar la resolución de la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. El gobierno federal tiene aún la oportunidad de corregir atrocidades y de no apelar en tribunales, puesto que no se trata de un conflicto político, sino de respetar el derecho a la educación y a la alimentación de 3.6 millones de estudiantes, que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM


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