Senado, oportunidad real de detener la militarización

Columnas martes 20 de septiembre de 2022 -

La semana pasada fue presentada una iniciativa de ley por parte del PRI, y apoyada por Morena, para extender cuatro años más, hasta 2028, el que la Guardia Nacional se encargue de la seguridad del país. Cuando iniciamos con el tema de la creación de la Guardia Nacional el gobierno dijo que iba a ser dirigida por un mando civil, y no por un militar.

En realidad lo que se busca es la participación del Ejército en las funciones de la seguridad pública, lo que viola la Constitución.

A partir de que esta iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados, se provoco la suspensión temporal de la Alianza “Va por Mexico”, ya que la presentación de la propuesta por parte del PRI, ha sido considerada como una traición. ¿Pero qué ha sucedido?

Al respecto, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, se pronunció a favor de mantener la alianza, y recordó que tanto el líder del PAN, Marko Cortés, como los del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, se han manifestado porque subsista la alianza.

El Gobierno intencionalmente no ha cumplido con la creación de una policía civil para hacer frente a la inseguridad, ya que su política de seguridad ha fracasado, y ahora pretende militarizar la seguridad.

El próximo miércoles el gobierno busca votar esta ley en el Senado. Afortunadamente la militarización puede ser detenida en ese espacio legislativo, ya que se trata de una reforma constitucional, por lo que se requiere una mayoría calificada, es decir dos terceras partes de los votos de los Senadores, lo que se ve difícil de lograr para Morena.

Es indispensable mantener la lucha por una policía civil fuerte, organizada y que dé seguridad; urge salir en defensa de los derechos humanos de 22 millones de mexicanos.

La Alianza no debe ser rota por las acciones de un solo hombre, es claro que Alito, ha actuado para proteger su pellejo, y se olvidó de los ciudadanos.

La coalición debe ser retomada con otro actor que sí represente al PRI, y que honrre su palabra.

Los partidos de la alianza suscribieron una moratoria constitucional, que tiene como objetivo evitar el debilitamiento del INE y del Tribunal Electoral, así como cuidar la democracia y detener la militarización del país, y esta debe ser cumplida por el nuevo representante del PRI.

La participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad debe estar claramente regulada, fiscalizada, y solo deberá de usarse de forma extraordinaria y por un plazo determinado, el cual vence el 27 de marzo de 2024.

Es muy preocupante que el Gobierno federal, haya incumplido con su obligación constitucional de construir una institución policial de carácter civil, sólida, profesional, confiable, con el equipamiento necesario para hacer frente a la inseguridad y violencia que hoy enfrenta nuestro país.

Si México no es seguro, difícilmente los empresarios van a invertir su capital en nuestro país.

El gobierno ha renunciado a su obligación de fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, e implementar una política de prevención del delito.

La política de abrazos y no balazos no ha funcionado, nuestro país esta en llamas, urgen acciones contra la delincuencia organizada y el narco que hoy controla al país.