Sistema penitenciario ¿reinserción o escuelas del crimen?

Según las últimas cifras oficiales, al día de hoy 226 mil personas están privadas de su libertad, esto es una disminución con respecto a 2014 cuando se alcanzó la cifra de 252 mil. Actualmente, existen 287 centros penitenciarios a lo largo y ancho del país, de los cuales únicamente 14 son federales.

Si bien los centros federales tienen mejores condiciones, mayor infraestructura, equipamiento, y mejores estándares de seguridad, la mayor parte cuentan con una amplia disponibilidad de espacios e incluso han cerrado por falta de recursos presupuestales, materiales y humanos.

Por ejemplo, los dos últimos centros federales donde estuvo encarcelado El Chapo antes de ser extraditado no funcionan más, concretamente el CEFERESO 9 de Ciudad Juárez y el CEFERESO 2 de Puente Grande en Jalisco dejaron de operar en 2020. Igual suerte corrió el complejo penitenciario de Islas Marías en 2019, del cual gran parte de su infraestructura quedó en el abandono.

Los centros penitenciarios estatales son un ecosistema aparte. De acuerdo con la CDNH, más de la mitad presentan diferentes niveles de ingobernabilidad o autogobierno. Se han registrado incidentes violentos como homicidios, riñas, motines, fugas, huelgas de hambre, torturas, malos tratos y condiciones de corrupción extendida. Sólo como dato, entre 2020 y 2021, se llevaron a cabo un centenar de homicidios en dormitorios, patios y pasillos, asimismo la CNDH registró más de 2,200 riñas.

También se ha documentado la operación abierta de la delincuencia organizada desde su interior, condiciones de extorsión generalizada, cobros para la realización de actividades cotidianas (uso de espacios comunes y baños, lavado de ropa, etc.), y el ingreso de armas de fuego y otros objetos prohibidos como celulares, tarjetas SIM, etc. Esta situación de desgobierno tuvo como consecuencia que entre 2006 y 2012 escaparan más de 700 presos.

Una de las organizaciones criminales que se caracterizó por operar desde el interior de la cárcel fueron Los Zetas, quienes tuvieron control de algunos centros penitenciarios como el ubicado en Piedras Negras, Coahuila, entre 2012 y 2013. Este mismo mes, la DEA dio a conocer que Mario Cárdenas Guillén, hermano del fundador de Los Zetas, Osiel Cárdenas, realizó operaciones a gran escala de cocaína para el Cártel del Golfo desde El Altiplano.

Esta situación no es privativa de México, existen ejemplos en América Latina como el Primer Comando de la Capital en Brasil o la MS-13 en El Salvador que durante décadas se han caracterizado por operar desde el interior de las prisiones. Paradójicamente, detener a un miembro no tenía como consecuencia una disminución de las capacidades del grupo criminal, sino el fortalecimiento de la estructura dentro del sistema penitenciario y su eventual expansión.

Otra situación generalizada en México, es el incumplimiento de la separación entre población procesada y sentenciada, así como de la separación entre fuero federal y fuero común. Esto tiene como consecuencia no sólo que convivan personas que realizaron un nivel distinto de daño social (no es lo mismo un robo simple que un homicidio), sino que existe un mayor riesgo, exposición y nivel de violencia para los reos “menos peligrosos”.

El sistema penitenciario generalmente es un área de desdén para el gobierno federal y los gobiernos estatales, no tiene glamour ni es rentable políticamente, se les presta atención casi exclusivamente en momentos de crisis cuando ya es demasiado tarde.

* Candidato a Doctor en Ciencia Política por la UNAM y fundador de la Consultoría SIE. Twitter: @jgt_00