La seguridad pública en nuestro país tiene una definición en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. La ley señala que esta función corresponde al Estado —Federación, entidades federativas y municipios— y tiene como objetivo salvaguardar la vida, los derechos, la integridad y el patrimonio de las personas, así como preservar las libertades, el orden público y la paz social. Para ello, se contemplan acciones que van desde la prevención y persecución de los delitos hasta la reinserción social y la sanción de infracciones administrativas.
Este mandato se articula a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entendido como un conjunto de instituciones, normas y mecanismos de coordinación que buscan dar coherencia a la acción pública en esta materia. Consejos, conferencias y órganos ejecutivos forman parte de una estructura diseñada para atender uno de los temas más sensibles de la vida pública: la seguridad cotidiana de las personas.
Desde este marco normativo, los datos oficiales permiten conocer mejor cómo se percibe la seguridad en las ciudades del país. Así, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, que se levanta en 91 áreas urbanas, tiene como propósito medir la percepción ciudadana y aportar información para la toma de decisiones de política pública.
De acuerdo con la ENSU (23 enero de 2026), en diciembre de 2025 el 63.8% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Esta percepción fue más alta entre las mujeres, con 69.4%, mientras que entre los hombres fue de 57.1%. Algunas ciudades concentraron los porcentajes más elevados de percepción de inseguridad, como Uruapan (88.7%), Culiacán Rosales (88.1%), Ciudad Obregón (88.0%), Ecatepec de Morelos (88.0%) e Irapuato (87.3%). Además, ciertos espacios aparecen de forma recurrente como puntos de mayor inquietud: 72.3% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública y 64.9% en las calles.
La encuesta también da cuenta de lo que la población observa en su entorno inmediato. Durante el cuarto trimestre de 2025, 59.7% reportó haber visto o escuchado consumo de alcohol en las calles; 48.3% mencionó robos o asaltos; 40.3%, venta o consumo de drogas; 38.9%, vandalismo en viviendas o negocios; y 36.7%, disparos frecuentes con armas. Son conductas que forman parte del paisaje urbano que describen quienes habitan estas zonas.
En ese mismo periodo, 36.3 % de la población de 18 años y más señaló haber tenido algún conflicto o enfrentamiento directo, ya fuera con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, personal de establecimientos o autoridades de gobierno. Al mismo tiempo, el temor al delito se reflejó en cambios de hábitos cotidianos. El 42.5% de la población modificó la forma en que porta objetos de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito; 38.0% cambió rutinas relacionadas con permitir que menores salgan sin compañía; 37.1% ajustó hábitos para caminar de noche en los alrededores de su vivienda y 23.9% redujo visitas a familiares o amistades.
Finalmente, vale destacar que los datos sobre victimización muestran que durante el segundo semestre de 2025 se estima que 32.3 % de los hogares tuvo al menos una persona integrante que fue víctima de algún delito, entre ellos robo total o parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en la calle o transporte público —incluidos bancos o cajeros automáticos—, extorsión o fraude.
Conocer esta información nos permite entender más el contexto en el que se desarrolla nuestra vida urbana y es importante conocer más para seguir con atención, la evolución de este tema de la agenda pública y en nuestro país.