Huachicol fiscal
La ordeña de las arcas públicas es uno de los problemas a detener por el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tan es así que en últimas fechas corren versiones sobre que el vendedor de autos de lujo Luis Murillo García se ha posicionado bajo mira del Servicio de Administración Tributaria de Raquel Buenrostro, y la Procuraduría Fiscal de Carlos Romero, por supuestos vínculos con firmas que facturan operaciones inexistentes. Como el máximo mandatario ha precisado, el empleo de este tipo de compañías ha resultado en la pérdida de miles de millones de pesos por concepto de contribuciones. En tanto, no deja de captar reflector el estilo de vida que Murillo García comparte con su novia Geraldine Bazán, y es que junto con la influencer presume constantemente su relación de “ensueño”, misma que incluye costosas joyas, viajes privados y visitas a exóticos destinos.
La “mano suave” para Beyruti
Más que buscar la procuración de justicia parece que hay oficinas en la autodenominada 4T cuyo objetivo es únicamente atraer los reflectores. Ejemplo de ello es lo que ocurre en el caso del empresario Raúl Beyruti; pues, aunque existen señalamientos sobre 2 mil 800 empresas de su propiedad que participaron en actos de lavado de dinero y defraudación fiscal, la Procuraduría Fiscal de la Federación, que lleva Carlos Romero Aranda, emitió tan solo una querella en la que el conocido “rey del outsourcing” es apenas señalado como un pequeño facturero o un microempresario de la subcontratación, con supuestamente solo una empresa bajo su dominio y con ingresos bastante limitados. Si tomamos en cuenta que, en los hechos, el empresario obtuvo ganancias anuales por el orden de los 34 mil millones de pesos, queda claro que el objetivo de este proceso no es realmente colocarlo en prisión.
Acusan a funcionaria de Pemex de promover monopolio
El próximo martes 19 de octubre Beda Carreto Santiesteban, gerente de Comercialización de Gas Natural y Etano de Pemex, deberá atender un citatorio de orden judicial para enfrentar las acusaciones de negligencia y abuso en sus funciones, que se encuentran en la carpeta de investigación 2666/2021. La funcionaria deberá responder ante la Fiscalía Célula III-4 de Córdoba, Veracruz, los cuestionamientos que le hagan por haber negado a varias empresas veracruzanas su derecho a abastecerse de gas natural, lo que aseguran ha provocado el monopolio de Gas Natural del Noroeste, quien tiene la concesión exclusiva. y fija precios a su antojo. Se sabe que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) y la misma Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya hacen investigaciones al respecto.