MÉXICO PRESIDIRÁ GELAVEX
Tras la reunión que sostuvieron esta semana el Canciller Marcelo Ebrard y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se dieron a conocer dos hechos relevantes para el país; el primero es que México será próximamente sede de la XLIII reunión plenaria de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), un organismo que agrupa a 17 países en el combate al lavado de activos y al financiamiento ilícito. El segundo acontecimiento es que, en otoño, la UIF asumirá la presidencia del Grupo de Expertos contra el Lavado de Activos de la Organización de los Estados Americanos (GELAVEX).
DESPACHO GANA JUGOSO CONTRATO EN QR
Santiago García Luque, representante del despacho de abogados José Antonio García Alcocer y Asociados SC, además de litigar para las grandes firmas y disputas accionarias de las familias más ricas del país, mantiene desde hace 20 años un negocio con los gobiernos que quizá sea más fructífero. Le hablo de perseguir las fortunas que los corruptos ex gobernadores se han robado. La cacería que realiza desde hace dos décadas quedó al descubierto con el caso del exmandatario de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, pues el actual gobernador, Carlos Joaquín, les asignó un contrato de más de 13 millones de pesos para dar con los bienes que salieron del erario de manera ilícita de 2011 a 2016. El contrato además, le permite a la firma, por tiempo indefinido, reclamar el 30 % de lo que logre recuperar, sea esto dinero en efectivo o inmuebles.
RECUPERA EL RESTAURANTE LA FAMILIA ARROYO
Alrededor de las 4 de la mañana de este jueves, se cumplimentó la orden de un juez que otorga la legal posesión y administración del Restaurante Arroyo a la familia de don Jesús. La diligencia fue encabezada por una actuaria de un juzgado de la Ciudad de México y elementos de la SSC CDMX. El operativo se llevó a cabo de forma pacífica.
Los trabajadores fueron informados de que el restaurante Arroyo continuará operando con la actual plantilla laboral. Pese a existir una orden de un juez, a través de la plataforma de Facebook, la administración que perdió la posesión del lugar, publicó un mensaje en el que señalan que las instalaciones se tomaron de manera arbitraria e ilegal.