Cuenta la leyenda que, en 1774, Federico El Grande, rey de Prusia, construyó su palacio de Sans-souri, Potsdam, con enormes jardines, pero a un costado de su propiedad había un viejo molino de madera, ruidoso y sucio, lo que afeaba sus áreas verdes.
Envió un emisario a comprarle al molinero su patrimonio y ofreció el doble del valor catastral, el artesano se negó, y el monarca hizo una contraoferta, triplicó su propuesta, pero el humilde súbdito rechazó la proposición. El emperador ordenó la expropiación del terreno sin pago alguno.
El molinero solicitó audiencia y Federico II pensó que había aceptado la compra, pero le entregó una orden judicial que le prohibía al emperador expropiar la propiedad y debía respetar el Molino.
Hay dos versiones de la anécdota, la primera dice que el vasallo al entregar el documento expresó: todavía hay jueces en Berlín”, la otra comenta que fue el propio Federico quien reconoció: “Todavía hay jueces honestos en Berlín”, y acató la resolución. Cualquiera que sea la acepción, la moraleja es que la independencia del ámbito judicial garantiza el freno al poder público y que la tutela de los magistrados hace igual a todos ante la ley.
Esa lección aplicó a principios de esta semana, cuando sus pares designaron a la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Demostraron autonomía los togados ante las insinuaciones del Ejecutivo para influir en su decisión y a diferencia del servilismo que profesan los diputados no aceptaron la imposición de la cuestionada Yazmín Esquivel.
No se doblaron ante las presiones desde Palacio Nacional y optaron, no por equidad de género, por una juez con larga trayectoria en la carrera judicial, forjada en los campus de la UNAM y, quien ha demostrado independencia en sus resoluciones, aunque contravengan los deseos del mandatario federal. Cabe señalar que la candidata de la 4T, más allá del escándalo en la que se ve involucrada -lo que afectó la decisión de sus colegas-, pocas oportunidades tenía de ganar, toda vez que quien más votos obtuvo, después de la nueva presidente fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, tan dura e inmerecidamente criticado por el inquilino de Palacio Nacional por el “delito” de ser rico y “abogado” de empresarios. Para la segunda votación ya estaba fuera candidata oficial.
Duro golpe para el excesivo presidencialismo que vivimos, que se ha convertido en un poder omnímodo, por encima del Legislativo y, hasta hace poco, del Judicial. Sin embargo, la determinación de los impartidores de Justicia en el Máximo Tribunal del país da esperanza de que se fortalezca el Estado de Derecho y prevalencia la división de poderes de la República como dique y verdadero contrapeso al poder político. Esa es la función de los magistrados, impedir los excesos de los poderosos, sean políticos o económicos, y hacer iguales a todos ante la Ley. Para eso se promulgan las Constituciones, como instrumento jurídico que garantiza la independencia de poderes e impide las arbitrariedades en los actos de autoridad. De ahí la importancia de contar con jueces autónomos que no se sometan a los caprichos presidenciales, como lamentablemente lo han hecho los diputados -convertidos en oficialía de partes-, con las iniciativas presidenciales. El comportamiento de la nueva titular del Poder Judicial demuestra que contaremos con magistrados sin más compromisos que con la ley, eso dará garantía de imparcialidad en las resoluciones y de igualdad de todos ante la norma. En la nueva era de la SCJN, podemos decir que “Todavía hay jueces honestos en Berlín”, porque como sucedió con el rey de Prusia, el mandatario no puede estar por encima del ciudadano ni de la ley. Esperemos que se acabe con la supremacía del Ejecutivo y los ministros sean el contrapeso que ampare al ciudadano en su derecho a la justicia y se diluya la obediencia ciega al presidente.