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Torreón, la UIF para la paz y los zombies penales

Torreón, la UIF para la paz y los zombies penales

Columnas viernes 17 de enero de 2020 - 00:06

De la tragedia de Torreón, Coahuila debemos aprender lo que ese acontecimiento pueda enseñarnos, con el fin de evitar, en la medida de lo posible, un nuevo hecho de sangre infantil y generar nuevos modelos de justicia y seguridad.

Para hacerlo, para aprender del espanto, es necesario buscar aproximaciones novedosas, innovadoras, ver hacia delante, más qué intentar regresar a fórmulas de procuración e impartición de justicia propias de un pasado en el que floreció la impunidad.

En ese sentido, resulta muy interesante la intervención sorpresiva de la Unidad de Inteligencia Financiera en las pesquisas del caso de la escuela Cervantes de Torreón. Gracias a la intervención de un organismo del gobierno que antes se usaba selectivamente por funcionarios muy poderosos para atender sepa dios que intereses, ahora sabemos, según el recuento que han hecho medios de comunicación, que el niño de 11 años que mató a su maestra, hirió a sus compañeros y luego se suicidó, creció en un ambiente de violencia extrema: el padre fue encarcelado; el abuelo está involucrado con el narcotráfico; la madre falleció en condiciones poco claras. Incluso la abuela materna falleció baleada.

En esta historia de desgracia, las armas, las balas, la sangre y la muerte acompañaron al niño desde que nació, lo cual ofrece un caso de investigación que deberá ser estudiado por expertos en piscología de la violencia, más que por la Guardia Nacional o los policías municipales.

Debido a la intervención de la UIF, también podemos tratar de analizar el caso desde los referentes que nos ofrecen nuevas perspectivas propuestas por estudios recientes que aseguran que la voluntad de dañar a los otros que distingue a los sicarios, se forma, fundamentalmente, a partir de la violencia que hombres (padres, tíos, abuelos) ejercen en el núcleo familiar en contra de los más débiles (mujeres, niñas y niños) y que generan, en los niños que luego ingresarán al crimen organizado, el deseo inconsciente de desquitarse con el abusivo sin piedad o miramiento, pero imitándolo.

La pregunta es inevitable: ¿debemos analizar, no sólo desde la criminalística y el derecho penal, sino desde enfoques multidisciplinarios, los entornos familiares de aquellas personas a las que se les han congelado las cuentas bancarias? Si la hipótesis es asequible, lo es por insinuar un modelo de estudio e investigación para la prevención de la violencia mortal, y por lo tanto para la paz que tanto urge al país, creado a partir del uso de herramientas jurídicas e institucionales con las que México cuenta.

La puerta de entrada a ese modelo alternativo de investigación para lo sucedido en Torreón, se nos presenta al utilizar las capacidades legales de una institución para identificar un punto de arranque novedoso pero razonable: si los manejos financieros de una persona parecen ser ilícitos, vale la pena asegurarse que el contexto familiar y social en el que ocurren, no abonen a las violencias, al uso de las armas y a la inseguridad del país. La mera presencia de personas menores de edad amerita, a partir de una actividad guiada por el principio del interés superior de la infancia, activar áreas y especialistas del gobierno que tradicionalmente no han acompañado los esfuerzos de combate al lavado de dinero, para que participen en este ámbito de la lucha contra la impunidad. Así, lo que sigue es exigir que los protocolos de actuación de la UIF se actualicen para prevenir la violencia, proteger a los débiles y abonar a la paz.

En todo caso, lo que la tragedia de Torreón aclara es que los problemas de justicia e inseguridad deben resolverse con estrategias del futuro, de nueva generación y no tratando de regresar a modelos de procuración de justicia que ponen por delante de los derechos y libertades de las personas, la necesidad propiamente autoritaria del Estado de rendir cuentas alegres en materia de seguridad, contando el número de personas en prisión preventiva. Generemos nuevo conocimiento, aprendamos y apliquemos lo aprendido, con las herramientas que tenemos, para vivir en paz. No resucitemos la tortura, la presunción de culpabilidad o el indebido proceso dirigido por Ministerios Públicos del terror, que al parecer quieren hacernos creer que el debido proceso se pone en riesgo cuando identificamos a alguien con su nombre público. Si así fuera, llevándolo al absurdo, el juicio político contra Donald Trump estaría violando todas las reglas del debido proceso.

Hagamos florecer un nuevo sistema de justicia para la democracia y la libertad; ayudemos a las instituciones del futuro, como la UIF para la paz a nacer: no desenterremos, en suma, a los aterradores zombies del viejo sistema de justicia penal.






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/CR

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