Tren Maya: abyección en puerta

Columnas jueves 21 de julio de 2022 -

La construcción del Tren Maya ha sido la obra insignia más polémica de la actual administración. Ni la ampliación del aeropuerto militar, ni la construcción de la refinería han tenido la oposición de tantos actores tan diversos. Se sabe que el subsuelo de Yucatán es frágil, que sus reservas de agua son incuantificables y que los ecosistemas de la región se han visto amenazados por la urbanización galopante de las últimas décadas. Los mayas sabían que no se podía construir ciudades en toda su rivera por los huracanes, y por ello sólo construyeron Tulum. Pero en los últimos cincuenta años todo esto se olvidó.

Hoy el Presidente ha doblado su apuesta para construir dicho tren, empeñando su capital político y el dinero público de la ciudadanía en ello. En contra de toda opinión técnica de cualquier naturaleza, se planea que el tren opere en un año. Por ello, para “blindarlo legalmente” y no pueda ser suspendido mediante amparos, el Presidente ha anunciado que la obra ha sido declarada de Seguridad Nacional (SN) por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), que está integrado por el Presidente, nueve subordinados suyos y el Fiscal General. Y eso, ¿qué significa?

De acuerdo con la legislación vigente, dicha declaración pendería constitucional y legalmente de un hilo. De lo que sabemos hasta el momento, lo han justificado para proteger el desarrollo económico regional, pero al momento de escribir esta columna aún no ha sido publicada oficialmente la declaratoria. La Ley de Seguridad Nacional (LSN) no faculta al CSN para declarar obras públicas de SN; pero hay una fracción, la última, que lo faculta a deliberar de los asuntos que les indique el Presidente de la República. Y si todos en el CSN dependen de él, nadie lo contrariará. Sin embargo, dicho acto no sería automáticamente constitucional. Ni la Ley de Obras Públicas, ni mucho menos la Constitución, facultan al Presidente ni al CSN a declarar una obra de SN con las características del Tren Maya: no estamos en tiempos de guerra, no hay una amenaza a la SN por dejar de construirlo, y hay muchas alternativas para promover el desarrollo económico. Tampoco la Ley de Amparo dejaría de aplicarse con dicha “declaratoria”, que al ser un acto administrativo, podría anularse.

Si deseaban construir el Tren Maya sin ningún obstáculo legal, debieron cambiar la Constitución, decenas de leyes federales, y retirar a México de decenas de tratados internacionales ambientales y de derechos humanos. Hace un año tenían al Congreso de la Unión en sus manos. Hoy ya no. En síntesis: hoy no hay justificación constitucional alguna para continuar la construcción del Tren Maya sin respetar al Medio Ambiente, pero si la abyección en la Suprema Corte es mayoritaria, todo podría pasar.