El derecho a la educación, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un pilar de los derechos humanos, avanza en México bajo la administración de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo. El gobierno federal asumió el compromiso de garantizar que ningún joven quede fuera de las aulas, vinculando la política educativa con los objetivos internacionales de desarrollo sostenible.
La nueva infraestructura de educación media superior se concibió para responder a esa obligación social. De acuerdo con la mandataria, en diciembre de este año estarán concluidas 88 acciones que suman 44 685 nuevos espacios mediante la construcción de 20 preparatorias y la conversión de turnos vespertinos en secundarias para impartir el Bachillerato Nacional.
Este modelo educativo unifica el sistema medio superior, eliminó el examen COMIPEMS y adoptó una estructura flexible que permitirá a los jóvenes cursar programas apoyados por universidades nacionales y estatales. El objetivo, como ha señalado Sheinbaum, es garantizar que cada estudiante encuentre una preparatoria “cerca de su casa”.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que al cumplir la meta sexenal de crear 120 mil espacios, la cobertura alcanzará el 85 %. A finales de 2025 se habrán habilitado 110,085 lugares adicionales, con un avance superior al 91 %. Esta expansión consolida una red de oportunidades académicas en regiones históricamente marginadas.
A la par, se avanza en la conectividad digital de planteles. Con 99 % de progreso, el gobierno federal instalará internet gratuito en 3,483 telesecundarias y telebachilleratos, en beneficio de 193 mil estudiantes y más de 12 mil docentes. Las nuevas aulas digitales contarán con esquemas pedagógicos renovados, concebidos para reducir brechas educativas.
Por si esto fuera poco, la subsecretaria Tania Hogla Rodríguez Mora señaló que la inversión para 2025 asciende a 5 749 millones de pesos, destinada a infraestructura, modernización y equipamiento. Las acciones se concentrarán en 556 municipios con alta densidad poblacional o necesidad futura de planteles, incluyendo zonas prioritarias del Plan Lázaro Cárdenas, el Plan Integral del Oriente del Estado de México y los Planes de Justicia para pueblos indígenas.
Estas políticas se enmarcan en el derecho a la educación como un deber del Estado y una corresponsabilidad social. La ONU ha reiterado que garantizar acceso universal a la educación media superior implica reducir desigualdades, fortalecer comunidades y asegurar que el conocimiento sea motor de desarrollo humano.
Así, el proyecto educativo actual construye la confianza pública. La educación se convierte en la herramienta más sólida frente a la desigualdad y en el punto de encuentro entre gobierno, familias y maestros. En ello radica el verdadero sentido de un país que, como México, busca hacer efectivo el mandato internacional de que nadie quede atrás.
Garantizar que cada joven tenga una escuela cerca de casa es más que una meta física, es una promesa ética; una sociedad que invierte en la educación de su gente, invierte en su futuro. Cumplir con ese derecho universal es el camino más firme hacia la justicia social. Quién más sensible que la propia mandataria Sheinbaum Pardo, quien concluyó sus estudios superiores en recintos públicos.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017