Las drogas y el tráfico ilegal de armas son los nuevos jinetes apocalípticos que dañan a nuestra sociedad y a los que se han enfrentado con poca eficacia los gobiernos de México y Estados Unidos. Ambos delitos son los negocios ilícitos más productivos que dejan ganancias de miles de millones de dólares, una estela infinita de sangre y muerte, además de una red trasnacional de corrupción policiaca.
Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México entran de contrabando al país entre 250 mil y 280 mil armas anualmente desde hace una década, y la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito dio a conocer que se ha incrementado el tráfico hormiga de menos de 20 unidades por viaje y cambió la estrategia de abastecimiento del crimen organizado: a mayor armamento, más demanda de municiones y cargadores, por ello creció la venta y trasiego de cartuchos o accesorios para pistolas y rifles de asalto.
La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos revela que el 70 por ciento de las armas incautadas en México, incluidas las utilizadas en las masacres que se registran en todo el país, se fabrican en la Unión Americana y cruzan subterfugiamente la porosa frontera del norte. La organización Archivo de la Violencia Armada contabilizó en los últimos cinco años mil 432 masacres con armas de asalto adquiridas en línea o en armerías sin regulación o control previo en el vecino país. La Sociedad Americana en México alertó al gobierno de no solo reforzar las medidas de seguridad en las líneas divisorias, sino cuidar el ingreso marítimo. Larry Robin advirtió que la importación ilegal de armas no parará hasta que el narcotráfico se vea mermado.
El Instituto México del Woodrow Wilson Center responsabiliza a los Estados Unidos de ser permisivo y mantener una laxa legislación que fomenta el tráfico de armas y las compras fantasmas, esto es, la adquisición legal de armamento hecha por los americanos que luego son transferidas a “compradores fantasmas”. Así ingresan al mercado mexicano y son utilizadas por bandas criminales o delincuentes comunes; para nadie es desconocida la renta de revólveres o pistolas tipo escuadra en Tepito para cometer asaltos en el transporte público, el robo a transeúntes, a tiendas de conveniencia y las usadas por sicarios para las ejecuciones callejeras.
El tráfico de armas propicia también una red de corrupción policiaca que rebasa nuestras fronteras. El diario filial del consorcio USA Today, Courier Journal, publicó una investigación sobre la connivencia entre un agente supervisor de la DEA, encargado de la lucha anticrimen allá, con la delincuencia organizada gringa y el Cártel de Sinaloa, a quienes les vendió por internet -desde una cuenta oficial de la agencia antidrogas-, armas cortas y rifles de asalto semiautomáticos de alto poder, refacciones y accesorios, según averiguaciones del Buró de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos.
También, en nuestro territorio hay un gran problema. Entre 2006 y 2017 fueron reportadas como robadas o perdidas 20 mil armas de fuego de las corporaciones policiales del país. La dirección de Investigación del Center for American Progress asegura que, de las armas adquiridas legalmente en Estados Unidos, cuando son distribuidas entre las policías, “hay huecos y se desvían”. Seguramente, ese equipo termina en manos del crimen organizado.
Los gobiernos de México y Estados Unidos, en esta nueva edición, deben trabajar de manera conjunta, pero seria, para contener a los nuevos jinetes apocalípticos. Es tiempo de que las estrategias y políticas públicas de ambas administraciones combatan realmente la corrupción policiaca y refuercen la seguridad en las fronteras, desmantelen las redes del crimen organizado y apliquen eficientes programas de prevención y persecución del delito que abatan los homicidios dolosos. Es un problema de seguridad nacional.